EFE
Sin viajes para ver graduaciones, sin despedidas a los familiares en el lecho de muerte y sin ningún tipo de identificación seguirán viviendo los millones de indocumentados que esta semana recibieron el revés del Tribunal Supremo, que mantuvo bloqueadas las medidas migratorias del presidente, Barack Obama.
Los ocho jueces del alto tribunal empataron y eliminaron cualquier posibilidad de que la Casa Blanca frene la deportación de los casi cinco millones de inmigrantes que se habrían beneficiado de las medidas, especialmente jóvenes y padres de hijos con residencia permanente o con la ciudadanía estadounidense.
“Fue algo muy doloroso, pero también nos da fuerza para seguir luchando. Esto no se acaba aquí. Es solo una piedra en el camino”, cuenta a Efe la mexicana Patricia Serrano, que llegó a EEUU hace 23 años y tiene un hijo estadounidense que se graduó el 5 de junio en una universidad del estado de Massachusetts.
Serrano no pudo viajar a Massachusetts a ver cómo su hijo de 21 años obtenía un grado de Economía Política.
El miedo a los controles de la Policía aterrorizó a Serrano, que tiene que esconderse en su propia ciudad, Escondido (California), uno de los municipios más hostiles a los inmigrantes y donde el Ayuntamiento y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) mantuvieron hasta 2006 una inusual colaboración que favoreció las deportaciones.
Entre las controvertidas medidas adoptadas por Escondido y que han sido denunciadas por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) destacó la instalación de puestos de control en las carreteras para interceptar a conductores sin licencia, normalmente inmigrantes indocumentados.
“La sensación de vivir en Escondido es de vivir siempre con miedo”, cuenta Serrano, que ahora puede conducir porque en enero de 2015 California aprobó las licencias para los indocumentados.
El miedo es lo que siente también María Abad, que hace 25 años salió de México y llegó caminando hasta San Ysidro, una localidad de California justo al norte de la frontera mexicana.
“Regresé a México una vez, pero solo regresé una vez”, cuenta a Efe Abad, que ahora vive en Florida y no tiene posibilidad de volver a México porque se delataría como indocumentada y, entonces, tendría que esperar entre tres y diez años para volver a EEUU.
El padre de Abad murió hace un mes, hacía 18 años que no lo veía y no pudo viajar a México para despedirse.
“Las medidas de Obama daban esperanza, ahora ya ni eso. No nos queda otra cosa que esperar y esperar”, se resigna Abad, madre de cuatro hijos que tiene la esperanza de obtener la residencia en octubre de 2017, cuando uno de sus hijos cumpla 21 años y pueda tramitar una petición de una hermana ciudadana estadounidense.
Las dos mujeres recibieron en sus casas la noticia del Tribunal Supremo, a cuyas puertas estuvo el presidente de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO), Edgar Aranda-Yanoc.
“Recibía la noticia por teléfono, estábamos informando a la gente en ese momento. Tenía el micrófono en la mano, se me quebró la voz y vi llorar, romper en llanto a una mujer y abrazar a su hija”, contó Aranda-Yanoc, de origen peruano, que se integró en el movimiento en defensa de los indocumentados en 2007.
En ese momento, el presidente de Estados Unidos, el republicano George W. Bush, abogó por una reforma migratoria, pero nunca logró el apoyo necesario de su propio partido en el Congreso.
Entonces, justo después de las elecciones, en 2008 Obama se comprometió por primera vez a cambiar el sistema migratorio y en 2010 apoyó el “Dream Act”, una propuesta de ley destinada a regularizar la situación de jóvenes inmigrantes indocumentados y que murió en el Senado, donde entonces tenían mayoría los demócratas.
Como el “Dream Act” fracasó, Obama proclamó en 2012 el programa de Acción Diferida (DACA), del que se han beneficiado 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños.
Un año después, en 2013, el Senado aprobó una propuesta de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la Cámara de Representantes no llegó a un acuerdo y, en 2014, Obama proclamó unas acciones ejecutivas que luego bloqueó por la vía judicial una coalición de 26 estados liderados por Texas.
Esta semana el Tribunal Supremo enterró esas medidas y dejó en manos del próximo presidente los cambios en política migratoria.
“Todos los presidentes dicen que sí, que aprobarán una reforma migratoria, y luego nada. Nadie hace nada en los primeros años”, se lamenta Abad desde su casa en Florida.
Los inmigrantes en situación irregular no han recibido un “alivio migratorio” desde 1986, cuando el presidente Ronald Reagan regularizó a tres millones de indocumentados.
