Susana Oviedo - soviedo@uhora.com.py
La puesta en vigor por primera vez del Sistema Nacional de Financiamiento Político (Sinafip), con base en el modelo colombiano Cuentas Claras, en el marco de unas Elecciones Generales como las que se desarrollan en la fecha “es una herramienta que requiere de la veeduría de la prensa y de los ciudadanos”, advierte Felipe García Echeverri, uno de los 9 magistrados electorales que integran el Consejo Nacional Electoral colombiano. De visita a Asunción, explicó que los mecanismos que buscan transparentar el financiamiento de los partidos y las campañas, antes que representar una carga para las organizaciones políticas, operan como protección a la institucionalidad de estas.
–¿Qué aspectos positivos resaltaría del sistema de control del financiamiento político en Colombia y qué falta ajustar en cuanto a los topes que fijaron a los gastos?
–Les puedo contar partiendo de una diferencia. En Paraguay, la violación de topes genera unas sanciones de tipo pecuniario. El efecto es meramente económico. En Colombia hay otros efectos más. Uno, también económico, pero otro, cuando se viola el proceso, ocasiona la pérdida de la investidura, como le llaman acá. En Colombia se denomina la pérdida del cargo, se trate de uno uninominal, como una alcaldía, una Gobernación, o se trate de una curul en una corporación pública. Para que suceda esto, tiene que ser consecuencia de una investigación que adelanta el mismo Consejo Nacional Electoral, a partir de la información que le brinda el Fondo de Financiación Política. Este es una sección del Consejo Nacional Electoral encargada de recibir las cuentas de los partidos y las campañas. Producto de una investigación se puede determinar si una campaña violó los topes o no o si le faltó reportar algunos gastos, que si los hubiese reportado, por su valor comercial habría violado los topes, con la consecuencia de la pérdida del cargo. En los últimos tres años ha ocurrido en dos casos: dos alcaldes perdieron el cargo, como consecuencia de la violación de los topes. Habían dejado de reportar valores de eventos de cierre de campaña que representaron altos costos, que sobrepasaron los topes.
–¿Qué sucede cuando la rendición de cuentas por parte de los partidos no se realiza correctamente?
–Se aplican sanciones económicas. Pero fuera de las multas y la pérdida del cargo, tienen un efecto para el partido político, puede ser suspendido en su personería jurídica e inclusive perder la personería jurídica. Si ocurre esto, pierde la posibilidad de avalar candidatos para las elecciones, no puede postular candidaturas. Es como la pérdida de la vida política de un partido.
–¿Qué más permite el Senafit (Paraguay) y Cuentas Claras (Colombia) sobre el dinero utilizado por los partidos y sus campañas?
–Facilita la investigación para conocer el origen de los recursos. Si son de fuentes lícitas o ilícitas. Permite darles trazabilidad a los recursos.
–¿Como los del narcotráfico?
–Bueno, una de las maneras en que las organizaciones criminales intervienen la política es a través de la cooptación con recursos de determinadas candidaturas, con el fin de obtener un favorecimiento posterior por parte de mandatarios electos (contrataciones públicas, control de autoridad estatal o regional para ser unos protegidos de la autoridad frente a la comisión de hechos punibles). Es decir, para que protejan delitos, para no ser encausados, para que los protejan dentro de determinadas áreas o regiones y puedan seguir delinquiendo, llámese cultivos ilícitos, minería ilegal, rutas del narcotráfico.
Entonces, hoy en día con herramientas como Cuentas Claras, en Colombia, o el manejo de una cuenta única, como ya tienen aquí los partidos políticos, puedes saber de dónde viene la plata.
La bancarización de la política es otra herramienta, porque permite hacerle el seguimiento al dinero. Puedas saber de dónde vinieron esos recursos.
A eso es a lo que me refiero cuando hablo de un muro de contención frente a recursos ilegales y corrupción.
–Si no se toman estas medidas, ¿qué se arriesga?
–Se pone en riesgo lo más importante que son las libertades derivadas de la democracia. Los sistemas democráticos son los garantes de algo fundamental que es el Estado de derecho, del cual derivan todos nuestros derechos. Ese es como el orden lógico por el cual se resalta la importancia de unos sistemas de financiamiento político que sean trazables, verificables, para mantener la asepsia en la política en relación con la contaminación que puedan ocasionar recursos (espurios).
–¿Qué credibilidad genera en la ciudadanía la puesta en marcha ese control y monitoreo del financiamiento político y qué resultados?
–Un primer aspecto es el efecto disuasivo que genera en los propios partidos políticos. Ustedes lo están viendo en Paraguay con los partidos que están arrancando a cumplir con la reglamentación a través de la apertura de cuentas únicas. Me invitaron a ver el sistema en operación en la Justicia Electoral, la carga que han hecho los partidos de cada gasto, respaldados con las respectivas facturas. Es como el recién nacido en plan de patalear. Los partidos políticos dicen: “Esto es en serio, puede tener consecuencias, vamos a cumplir”. El efecto disuasivo será aún mayor cuando, si no cumplen, y como resultado de las investigaciones surjan las consecuencias o sanciones.
Pero más importante aún es que a su turno se convierte en una herramienta para que los mismos partidos se protejan a sí mismos. Esa es una manera en la cual los partidos políticos tienen que ver esto, porque en alguna medida los protege de que se le meta gente mala. Ningún partido legalmente creado e institucionalizado va a querer tener plata del narcotráfico en sus cuentas. Entonces más que sentir que estas herramientas de transparencia le agregan carga, deben verlas como mecanismos de protección a su misma institucionalidad.
–¿Es posible burlar el sistema a través de ciertos subterfugios?
–Si, siempre los va a haber. Como sucede con las leyes de tipo fiscal. Uno tiene la obligación de presentar toda su declaración de renta, y puede omitir activos o no decir toda la verdad en su declaración.
En materia de financiamiento político pasa lo mismo. Los partidos pueden omitir declarar cierta información, pero las ventajas que tiene este software (Senafit) es que permite hacer, además, una serie de cotejos por parte de la autoridad electoral. La ley le da una serie de herramientas para verificar si eso que está reportando corresponde a la verdad. En el 2015, en Colombia, aprobamos una reglamentación que obliga a todos los medios de comunicación a informar sobre las pautas publicitarias de las campañas electorales, que constituyen uno de los porcentajes más altos del gasto de campaña.
