El reporte de este año sobre el índice antilavado de activos (ALA) del Instituto Basilea Gobernanza nos debe interpelar como país, pues una vez más hemos aparecido como la nación de mayor riesgo de este flagelo en toda América Latina y el Caribe.
Desde el año 2012, cuando el organismo internacional comenzó a realizar este informe, aunque saltamos de la posición 12 a la 16 en el ránking sobre 147 países en el mundo, el aparente avance nunca nos bajó del triste podio regional de riesgo en lavado dinero.
La ley de congelamiento de activos y la reciente actualización en legislación de bancos son sin duda avances significativos en el área normativa; sin embargo, el brazo ejecutor es donde está nuestra mayor falencia y por ello los resultados son mínimos.
El presupuesto anual de la Seprelad, la institución de inteligencia para detectar este tipo de movimientos turbios de dinero, no supera ni siquiera los USD 2 millones, por lo que de entrada encaramos mal el problema al no dotar de herramientas para combatir a un sector, cuyo mayor poder es económico.
De nada vale tener un crecimiento promedio 4% de PIB anual, con un manejo macroeconómico prudente si cuando salen estos informes –con los que se guían grandes inversiones internacionales– aparecemos codeándonos con países como Irán, Afganistán, Burkina Faso, Haití y Nepal.
Este alto nivel de riesgo que perciben los inversores internacionales nos contesta por qué –pese a ser uno de los pocos países en la región que mantuvieron en los últimos años un ritmo de crecimiento– nuestros niveles de inversión extranjera directa (IED) son como mínimo dos y hasta cuatro veces inferiores a los de economías igual de pequeñas en la región, como son Bolivia, Ecuador y Uruguay.
En el Parlamento está en análisis un proyecto de ley que busca eliminar acciones al portador, iniciativa que por cierto fue bastardeada con modificaciones absurdas por la Cámara de Senadores que nos expone como país a regresar el año que viene a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuando realice la verificación sobre el Paraguay.
Una sanción expondría a los ciudadanos a que cuando, por ejemplo, queramos utilizar nuestra tarjeta de crédito para hacer compras en el exterior nos la rechacen de forma automática.
El índice de riesgo de Basilea también toma como parámetro para el puntaje el nivel de riesgo que representa el sector político y judicial de un país; y teniendo en cuenta la pésima gestión de nuestras autoridades, no nos tiene que extrañar que en la vidriera internacional nuestro país aparezca como una sucia lavandería.