Basaré mi breve análisis, amable lector, sobre tres aspectos: el histórico, el político y el estratégico. Producida la mutación de la crisis en el norte del país (gobierno del presidente Fernando Lugo, setiembre del 2010), se inicia el periodo de la intervención militar en materia de seguridad interna, correspondiendo al gobierno del presidente Horacio Cartes la aplicación de la norma (agosto de 2013).
El empleo de las Fuerzas Armadas dio lugar a lo que la teoría denomina como proceso de hibridación (intervienen varias agencias del Estado para resolver una cuestión percibida como problemática).
Este hecho puntual no logró solucionar la crisis por dos factores; por lo complejo de la cuestión y porque existe un divorcio entre la gestión política y la gestión de la seguridad. Ocurrió en otros países y ocurre en el nuestro. Es un proceso lento, gradual.
Toda crisis de seguridad requiere –ab initio– de una adecuada caracterización (la definición del problema). Y en el caso paraguayo, esa labor le compete al gobierno de turno. No la podrán caracterizar, políticamente hablando, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, instancias que se las define como ejecutoras (cumplidoras) de la ley. ¿Por qué se preguntará usted? Porque una crisis de seguridad no es un problema militar o policial. Es una crisis política por la inadecuada comprensión y ejecución de políticas públicas.
Lo del norte es claramente una crisis de seguridad nacional. A ello se suma en este orden: el crimen organizado, el sicariato, la criminalidad, la delincuencia y la violencia. Los primeros conviven dentro de un sistema de dos o más niveles (narcotráfico y otros) que a su vez alimentan de manera directa o indirecta al problema principal: al terrorista. En suma, “trabajan” asociados dentro de un espacio geográfico, fenómeno sociológico que el cientista Emanuel Adler lo denomina comunidades de práctica (comunidades con una práctica y con un conocimiento en común).
Y esta falta de visión, por los hechos arriba descriptos, impide abordar exitosamente el otro aspecto de la cuestión, lo estratégico, aspecto que deriva en una aparente cronicidad (la inseguridad parece no tener solución). Popularmente la llamamos “la falta de resultados”.
Es de mi entender que sería un grave error prescindir de las Fuerzas Armadas en la prosecución de las operaciones en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Habrá que fortalecerlas con métodos y procesos que apunten más a las ciencias y a la tecnología. Considero que a las instituciones verticalistas de carácter público (policía o militar) se las transforma de cara al futuro desde la gestión estatal, pero sin alterar su esencia.
Es de mi parecer que quien gane la elección presidencial debe proponer como oferta electoral políticas públicas de seguridad cuyo objetivo sea proteger a la ciudadanía y a los recursos como nación.
Es de mi parecer que la seguridad pública –desde lo político– debe estar cuanto menos conducida o asesorada por expertos, y no por aventureros.
¿No le parece?
(*) Abogado, consultor
