CARACAS, VENEZUELA
Acosada por la escasez y la inflación, las protestas ciudadanas y la pérdida masiva de apoyo, la llamada “revolución bolivariana” busca este domingo blindarse con una Asamblea Constituyente que tendrá poder ilimitado para refundar el Estado y depurar todas sus instituciones.
Diecinueve años después de que una marea de entusiasmo popular aupara al poder al presidente Hugo Chávez, a su sucesor Nicolás Maduro parece que se le agotó el crédito, y la hegemonía cultural y social de la que sigue presumiendo este proyecto con declarada vocación eterna ya no se ve reflejada en los resultados de las urnas.
“No volverán, no volverán”, se grita en los mítines oficialistas, en alusión a la “oligarquía” (según el vocabulario chavista) que gobernó el país en las más de tres décadas de democracia bipartidista que tanto desacreditó Chávez en su primer arribo al poder por las urnas.
Pero lo cierto es que la oposición ya ha vuelto al Parlamento, que en diciembre de 2015 dejó de ser chavista por primera vez en lustros al dar el mismo pueblo, al que dice seguir representando sin fisuras Maduro, una contundente mayoría absoluta.
Las de diciembre de 2015 son las últimas elecciones que se han celebrado en Venezuela, donde las autoridades han aplazado dos veces las votaciones de gobernadores de estados que según la Constitución debieron celebrarse en diciembre del año pasado.
El desabastecimiento, la devaluación del bolívar y la explosión de los precios no han hecho más que intensificarse desde las legislativas, unas elecciones que representan la medición más reciente que se tiene del apoyo a la oposición y al Gobierno, y en esta situación es difícil imaginar un cambio de tendencia.
Esta falta de respaldo –señalada también por sondeos recientes– es, según el antichavismo y los muchos agentes sociales que rechazan la Constituyente, la razón por la que Maduro no ha sometido el proceso a un referendo previo de aprobación que sí convocó con éxito Chávez para la elaboración en 1999 de la actual Carta Magna.
Según la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, la Constitución establece que solo el pueblo, como “depositario del poder constituyente originario”, puede decidir la creación de una asamblea como la que se elige el domingo, por lo que este proceso activado sin una consulta es “un atropello” de la Ley Fundamental.
