Salir del mercado único, también llamado “mercado interno”, supondrá abandonar un espacio libre de fronteras internas y obstáculos normativos donde personas, mercancías, capitales y servicios transitan libremente.
“Un mercado de 500 millones es mejor que uno de 440, pero sigue siendo un mercado sustancial, uno de los más grandes del mundo”, declaró a Efe el director general de la patronal europea Business Europe, Markus J. Beyrer, quien identifica como su objetivo “limitar el daño en ambas partes tanto como sea posible”.
El mercado único ha funcionado como motor de integración económica desde la embrionaria Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) de 1951 y supone un espacio en el que operan unos 21 millones de pequeñas y medianas empresas, según datos de la Comisión Europea.
Pertenecer al mercado único ofrece ventajas económicas muy tangibles y hasta su discurso de esta semana, la primera ministra británica, Theresa May, insistía en que pretendía controlar la entrada de europeos en el Reino Unido sin abandonar ese espacio.
Desde el continente se insistía en que las cuatro libertades fundamentales de movimiento son indisociables (personas, mercancías, capitales y servicios) y finalmente Londres ha aceptado renunciar al espacio mercantil común como parte del “brexit”.
El Reino Unido tendrá que negociar ahora un nuevo acuerdo comercial con Bruselas, que May pretende sea “audaz y ambicioso” y no un calco de alguno de los que Bruselas mantiene con países como Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, que participan en el mercado único pero que, al no ser Estados miembros de la UE, no pueden sino acatar las decisiones del Consejo Europeo.
“En palabras normales quiere decir que el Gobierno británico no está contento con aceptar las reglas de la UE sin poder comentarlas”, explica a Efe el analista del foro de pensamiento Open Europe Pieter Cleppe.
La decisión de los británicos tendrá “un gran coste económico”, comentó a Efe el experto del Centro de Política Europea (EPC) de Bruselas Janis Emmanouilidis, quien dijo tener “dudas” sobre que el resultado final vaya a ser beneficioso para el Reino Unido.
A su juicio, esa decisión “genera más preguntas que respuestas” porque habrá un “creciente número de empresas que se plantearán si deben permanecer o invertir en el Reino Unido”, pero la UE a 27 “también sufrirá”.
Uno de los mayores interrogantes recae sobre el futuro de Londres como mayor centro financiero europeo. Algunos bancos de inversión negocian ya con otras capitales el traslado de parte de sus actividades.
“Un buen número de instituciones, no todas, dejarán parcialmente Londres e irán a diferentes partes del continente (...) no a una sola ciudad”, apuntó Emmanouilidis, en línea con los vaticinios del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.
Otro de los aspectos a establecer será el calendario de la salida de la UE, que a un lado y otro del canal de la Mancha se pretende que sea lo más ordenada posible. Los analistas hablan de tres fases: un acuerdo de divorcio, la negociación de nuevos acuerdos y un período de transición para implementarlos.
De forma que parece poco probable que se pueda recorrer todo ese camino para marzo de 2019, fecha en que el Reino Unido dejaría de ser miembro de la UE, concluidos los dos años de plazo para negociar que arrancarían en marzo de 2017, según la fecha señalada por May.
“La experiencia nos dice que los acuerdos comerciales muy complicados llevan tiempo”, agregó Emmanouilidis, en referencia a convenios de libre comercio como el CETA alcanzado por la UE y Canadá el pasado octubre, negociado desde 2009 y pendiente aún de ratificación.
Otro de los aspectos a dilucidar en la nueva relación entre Londres y Bruselas será la unión aduanera, un mecanismo que establece tarifas comunes a la importación de productos para el mercado único, de forma que los aranceles son idénticos para un determinado bien entre por Helsinki o por Granada.
Se evita así que los diferentes Estados compitan bajando los impuestos a los productos importados para que las empresas extranjeras les elijan como punto de entrada a la UE y garantizar una protección arancelaria común para los productos fabricados en Europa.
Pero esa unión también grava con impuestos productos que un determinado país de la UE no tendría necesidad de proteger porque no supone una amenaza para su industria, por ejemplo el textil en el caso del Reino Unido, encareciendo así su precio de venta final al usuario.
Javier Albisu
