16 de agosto
Jueves
Despejado
15°
28°
Viernes
Parcialmente nublado
19°
29°
Sábado
Tormentas
15°
28°
Domingo
Mayormente nublado
21°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Opinión
viernes 10 de marzo de 2017, 02:00

La reforma que falta

Wendy Marton – En TW: @WendyMarton
Por Wendy Marton

El gobierno de Horacio Cartes puede perder la brillante oportunidad de iniciar el proceso de reforma de pensiones.

Opacado por las ansias de reelección de Cartes, el proyecto de creación de Superintendencia de Pensiones difícilmente logre la aprobación parlamentaria en lo que resta del periodo presidencial.

Lo urgente y lo importante en materia económica fueron relevados a segundo plano también, tras una mala decisión del Poder Ejecutivo de intentar imponer por decreto lo que no está en la ley, como el caso del impuesto a la renta personal (IRP).

Llegar a un acuerdo con empresarios y obreros sobre la necesidad de reformar la seguridad social hubiese permitido al gobierno de Cartes quedar en la historia del éxito económico que precisa alcanzar el país, para convertirse en uno de primer mundo.

El sistema de pensiones necesita no solo de una revisión profunda en materia de supervisión y regulación, sino también de mecanismos que permitan sentar las bases para asegurar el futuro de personas de la tercera edad.

Se precisa fortalecer el sistema de subsidio para mayores de 65 años en situación de pobreza y dotar a independientes la posibilidad de elegir una administrador de fondos de pensiones que le permita ahorrar para su vejez.

El plazo para iniciar la reforma de seguridad social está vencido hace mucho tiempo. La Caja Fiscal arrastra un saldo rojo que cada año se acrecienta, producto de los beneficios concedidos a los sectores de las fuerzas públicas y docente. El Instituto de Previsión Social (IPS) y las demás cajas de jubilaciones (municipal, bancaria, de Itaipú, entre otros), no tienen un ente regulador que juzgue sus decisiones de inversión del dinero de los aportantes.

Cartes sigue empeñándose tomar decisiones como si el país fuese una empresa privada, sin tener en cuenta no solo la necesidad de consenso sino también los cambios que son necesarios para mejorar la administración estatal.

Se necesita llegar a un consenso que permita hacer entender la necesidad de encontrar mecanismos para lograr que los fondos de pensiones sean bien invertidos y generen la rentabilidad necesaria para que quienes hoy son aportantes tengan la seguridad de que cobrarán su pensión cuando se jubilen.

Quienes aportan para su jubilación no deberían sentir temor de no poder acceder a un fondo jubilatorio, porque no saben si los administradores desginados cumplirán su cometido. Quienes trabajan en forma independiente, tienen el derecho de poder aportar a una caja; y quienes están en condiciones de recibir un subsidio por vejez, deben tener la seguridad de que hay un Estado que se preocupa por su futuro. Es necesario comenzar a hacer los deberes.