La recusación de dos fiscales en pleno juicio oral trabó de nuevo el juicio oral de Rubén Darío Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), acusado por supuestos hechos de lesión de confianza y apropiación.
Es la sexta vez que se suspende el juzgamiento público. Esta vez, fueron los fiscales Igor Cáceres y Hernán Galeano, quienes ahora deberán elevar un informe al fiscal general del Estado, que deberá resolver el planteamiento.
Los jueces de Sentencia, Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Daniel Ferro, dispusieron la suspensión del juicio por falta de los agentes del Ministerio Público. No obstante, no fijaron una nueva fecha hasta que se resuelvan las recusaciones.
La abogada Melisa Estigarribia, que representa a Rubén Darío Quesnel alegó los mismos motivos que usó con los otros fiscales para pedir que los mismos sean apartados.
Hay que recordar que la misma alegó “imparcialidad” (sic) como motivo de recusación para los otros fiscales. Esto, incluso había sido repetido ante los jueces.
En el caso, además del ex titular del INDI, están acusados Marlene Mendoza, ex administradora de la entidad; Éver Otazo, ex funcionario y Óscar Viera, presidente de la fundación Reforeast Par.
Deben ser juzgados por la supuesta apropiación de más de G. 3.127 millones que estaban depositados a cuenta y nombre de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet y que debieron destinarse a la compra de tierras.
EL JUICIO. Ayer, antes de iniciarse el juicio oral ante los magistrados, primero se explicó que desaparecieron las causales que tenía el magistrado Daniel Ferro para inhibirse y se reincorporó al juicio oral.
Después se leyó la resolución por la cual se nombró a los fiscales Ígor Cáceres y Hernán Galeano para que representen al Ministerio Público en el juicio oral.
Fue luego de la lectura de la resolución que la defensora de Quesnel, la abogada Melissa Estigarribia, recusó de nuevo a los fiscales, con lo que el juicio oral quedó trabado de nuevo.
Hay que recordar que el 18 de abril pasado, la misma profesional había recusado a todos los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, además del propio fiscal general del Estado, con lo que suspendió el juicio oral.
En caso de que la recusación sea dirigida contra el titular del Ministerio Público, es la Sala Penal de la Corte Suprema la que debe expedirse al respecto.
El caso podría correr riesgos de extinción, ya que lleva varios años sin que exista una resolución condenatoria. Hasta ahora, la defensa suspendió nada menos que seis veces la sustanciación del juicio oral y público.
