Durante su visita oficial a París, Santos abrió esa opción cuando fue preguntado por los periodistas, pero ante las críticas matizó hoy sus palabras.
“No estamos negociando la Fuerza Pública en La Habana. Esa ha sido una posición tajante, clara, desde el comienzo de las negociaciones, a pesar de las múltiples intenciones de las FARC de que ese tema se discuta”, declaró el mandatario.
Aunque aclaró que no descarta la inclusión de desmovilizados en la policía rural. “Pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, bajo el control y el dominio de la Policía”, matizó.
Las declaraciones de Santos que provocaron el rechazo de la Procuradoría, el expresidente Álvaro Uribe y otros contrarios al proceso de paz con las FARC fueron hechas en París después de que el Ejecutivo francés se comprometiera a apoyar la creación de una gendarmería rural en Colombia.
Al ser preguntado por los periodistas respecto a la posibilidad de que haya exguerrilleros en la policía rural, Santos había dicho: “no se me ha ocurrido, pero no lo descarto, bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido”.
“Propuesta de gendarmería rural con miembros de las Farc ratifica que sí se negocia estructura de la Fuerza Pública en La Habana”, afirmó en Twitter la Procuraduría de Colombia, dirigida por el ultraconservador Alejandro Ordóñez, un crítico del proceso de paz.
En ese mismo sentido se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, otro contrario de las negociaciones de paz, al manifestar que Santos “remata anunciando policías del terrorismo”.
También el general Luis Mendieta, que estuvo doce años en poder de la guerrilla, rechazó tal medida: “conociendo cómo son los comportamientos de la guerrilla y la instrucción para los atentados terroristas, considero que no se les debe tener en cuenta para ingresar a la fuerza pública”, aseveró.
En defensa del presidente salió el director de la Policía de Colombia, general Rodolfo Palomino, quien dijo que esa posibilidad “no se ha contemplado hasta el momento”.
Desde que comenzó el diálogo, el Gobierno y las FARC han alcanzado preacuerdos sobre tres de los cinco puntos de la agenda, referidos a propiedad de la tierra, participación política y sustitución de cultivos ilícitos.
El próximo 2 de febrero, cuando se reanudarán las conversaciones, está previsto que se abra el último apartado referido a desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los guerrilleros.
