James Caballero, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una entrevista publicada en nuestro diario ayer, sostuvo que “los problemas más graves de las cárceles en el Paraguay son de gestión”.
El alto funcionario internacional trae de nuevo, así, a la consideración pública, la incapacidad para hacer que los establecimientos penitenciarios sean una respuesta eficaz a favor de la sociedad paraguaya.
La función social de las prisiones es sacar de circulación a los delincuentes para mantenerlos custodiados en un régimen de estricta vigilancia, de tal modo que no vuelvan a las calles a delinquir. No queda, sin embargo, su rol circunscripto al castigo de los transgresores de las leyes: también le atañe la recuperación de los que han cometido algún delito.
Así como están estructuradas las 14 penitenciarías para mayores —incluyendo hombres y mujeres— y los 6 centros educativos para menores, no cumplen el papel rehabilitador que se les asigna, de tal modo que los condenados se reinserten alguna vez a la sociedad nacional siendo útiles a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades.
Actualmente, hay casi 11.000 reclusos en el país. De esa cantidad, alrededor de 10.000 son hombres y poco menos de 1.000 son mujeres.
De entre los presidios, el que mayor número de reclusos alberga es Tacumbú: allí están recluidas 2.700 personas. En diciembre del año pasado, las cifras llegaban a 4.000. Ese excesivo hacinamiento fue descongestionándose con una medida del Ministerio de Justicia, por la cual se cerraron las puertas de la cárcel mayor del país a nuevos inquilinos.
Igual medida de suspensión fue adoptada también en relación con las penitenciarías de Ciudad del Este y la de mujeres del Buen Pastor.
En contrapartida, las penitenciarías de Emboscada y las regionales aumentaron la cantidad de reclusos que albergan. Si bien el penal más importante del país —Tacumbú— se descongestionó, los demás reclusorios sufrieron el impacto de la medida administrativa.
Aunque es uno de sus rasgos más resaltantes, el problema de las cárceles del Paraguay no es solamente el de la superpoblación y sus nefastas consecuencias. El aspecto humano de la rehabilitación para retornar a la sociedad y ser personas de bien está más que descuidado. Al encierro vigilado no le acompaña una educación que permita, a los que posteriormente recuperan su libertad, ser hombres y mujeres que dejen atrás el pasado y se proyecten a la reconquista de su dignidad y su responsabilidad social.
La actual administración penitenciaria y el Ministerio de Justicia cuentan con dinero para la construcción de dos presidios en Emboscada y el Alto Paraná. Contar con nuevas instalaciones será un avance, pero tendrá que verse aún cómo se administra la reeducación de los internos desde una perspectiva humana totalizadora. Si este aspecto flaquea, la mejora edilicia será inútil.
