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Política
miércoles 30 de noviembre de 2016, 01:00

La polémica postura de Contrataciones Públicas fue rebatida por varios abogados

Para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, no hay impedimentos para que los ministros sean proveedores del Estado, debido a que los mismos no son considerados funcionarios públicos, de acuerdo con la Ley de la Función Pública. Este argumento fue refutado por juristas.

La asesora jurídica de Contrataciones, Cynthia Leite, señaló que la Ley 2051/03 dispone que ningún funcionario público o sus familiares puede ser proveedor del Estado. Sin embargo, la Ley de la Función Pública, señaló, excluye a los ministros como funcionarios.

La funcionaria realizó estas declaraciones al ser consultada sobre el caso de Aqua Group. En la época en la que el asesor de Cartes, Francisco Barriocanal, aún era uno de sus accionistas, la empresa fue adjudicada con dos licitaciones del Ministerio de Obras Públicas. El detalle es que el ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, es primo hermano de Barriocanal.

En ese sentido, el abogado penalista y ex magistrado Jorge Bogarín rebatió el argumento de Leite y afirmó que se trata de una interpretación “forzada” de la ley. Indicó que si bien los ministros se encuentran excluidos de la Ley de la Función Pública, sí son funcionarios públicos.

“En primer lugar hay que analizar que esos funcionarios están desempeñando una función pública. En segundo lugar, en derecho administrativo lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, recalcó el ex juez, quien también sostuvo que a partir de las publicaciones de ÚH sobre los negocios del primer anillo del presidente Cartes con el Estado, la Fiscalía tiene suficientes elementos para abrir una investigación de oficio.

Por su parte, el ex fiscal José Casañas Levi recordó que en el ordenamiento jurídico paraguayo existen distintas definiciones del funcionario público. “La cuestión no es tan simple como la interpretación de Contrataciones Públicas (...) En el aspecto penal, en la ley de enriquecimiento, tiene algunas figuras que son bastante amplias, en el sentido de la conducta de los funcionarios”, indicó.

Con respecto a los distintos negocios de los asesores de Cartes, la presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Kathya González, lamentó que la Fiscalía no abra una pesquisa.

“Me pregunto: ¿Cuándo va a intervenir la Fiscalía? La investigación podría ser por enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Pero estamos acostumbrados a que la Fiscalía Anticorrupción mire al costado nomás”, opinó.

Además de Barriocanal, el jefe de Gabinete de Cartes, Juan Carlos López Moreira, tiene acciones en una buscadora de petróleo y una firma que aseguró 35 obras estatales.