Al proporcionar ayer datos actualizados sobre los índices de pobreza en el país, el ministro secretario de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, reflexionó que no es posible que un país líder en exportación mundial de alimentos como el Paraguay, tenga a 10,5% de su población sin poder adquirir la canasta básica.
El índice de pobreza extrema de Paraguay subió en el 2014 con respecto al 2013, de 10,1% a 10,5%, contó. La información, lógicamente, opacó a la que indica que el número de pobres bajó a 22,6% en el 2014 de 23,8% registrado en 2013. Y es que no es para menos: significa que hay más compatriotas, que ahora suman 710.000, viviendo en la miseria; que ni siquiera pueden cubrir el sustento diario básico.
El gobierno del presidente Horacio Cartes se había propuesto bajar en el 2015 la extrema pobreza a 9,4%, por lo que con el dato objetivo de que en lugar de reducirse este índice, ha aumentado, lo que se espera es un gran esfuerzo para alcanzar esta meta, considerando que estamos ingresando al cuarto mes del año y, encima, arrastrando desde hace dos meses una anticipada y desgastante campaña electoral que ya trajo distanciamientos, uso de los bienes del Estado para fines proselitistas, y confrontaciones.
Mucho ruido, aun tratándose solo de las elecciones internas del Partido Colorado (el partido de gobierno) para desviar la atención de los asuntos de Estado que realmente merecen estar en el centro de las preocupaciones. Como este, de la extrema pobreza, que tiene su origen en problemas estructurales sobre los que solo se hablan en épocas electorales o en momentos en que urgen señales y formulaciones de respuestas concretas.
Ejemplo, cada vez que sucede un nuevo ataque criminal del Ejército del Pueblo Paraguayo. Entonces es que de nuevo aflora el discurso de que en el Norte del país se reforzará la presencia del Estado, se atenderán los problemas sociales y prestarán los servicios que, por razones partidarias, siempre pasaron de largo en departamentos como Concepción y San Pedro.
Este Gobierno tampoco se atreve a abordar con determinación la injusta distribución de la tierra, la ampliación de la base impositiva o la escasa industrialización del país.
Las demostraciones temporales de “asistencia integral” que tienen lugar tras un nuevo azote del EPP; la reubicación de urgencia de las poblaciones ribereñas cada vez que se repite la crecida de los ríos; uniformar a los vendedores ambulantes y cuidacoches; devolver a los indígenas urbanos a sus hábitats, sin asegurarles el arraigo, o entregar transferencias monetarias condicionadas a los indigentes sin educarlos para emprender actividades de autosustento son apenas paliativos que no superan la amplia etapa de las buenas intenciones, y el discurso en un país exportador de alimentos.
