Se trata de un gesto inédito en democracia que ha reabierto el debate sobre la posibilidad de otorgar medidas de gracia a quienes han sido condenados por violar los derechos humanos.
Si bien los involucrados han descartado que detrás de su interés por ofrecer las disculpas públicas exista una motivación para poder optar a beneficios carcelarios, los familiares de las víctimas creen que se trata de una puesta en escena.
“Se trata de disfrazar una burda campaña que busca obtener excarcelaciones de violadores de los derechos humanos, de ejecutores de crímenes de lesa humanidad con argumentos que obvian las leyes existentes, nacionales e internacionales”, expone Ignacio Vidaurrázaga, hermano de Gastón Vidaurrázaga, profesor y militante del MIR que fue asesinado en 1986 por agentes de la dictadura.
Una coordinadora de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas anunció para mañana una “Caravana contra la Impunidad”, que marchará desde Santiago hasta el penal, situado a 35 kilómetros al norte de la capital.
Se espera que ocho internos ofrezcan sus disculpas durante el acto que se celebrará en Punta Peuco, una prisión que acoge exclusivamente a violadores de derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Uno de los impulsores de esta petición es el general Raúl Iturriaga Neumann, subdirector de la policía secreta de Pinochet (DINA) y condenado a más de 400 años de presidio por decenas de juicios a violaciones de los derechos humanos, uno de ellos el asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires, en 1974.
Lo acompañarán cerca de una decena de presos entre los que destaca el general Fernando Torres Silva, y exauditor general del Ejército, condenado por el asesinato del químico y también agente Eugenio Berríos, cometido en Uruguay en 1995.
La ceremonia, que será a las 11.00 hora local (14.00 GMT) en el patio de la cárcel, contará con la participación del excapellán anglicano de La Moneda, Alfred Cooper, y el sacerdote jesuita Fernando Montes.
Punta Peuco, en la que cumplen condena un total de 120 exagentes de Pinochet, fue construida en 1995 para albergar a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura, pese al rechazo del entonces ministro de Obras Públicas, presidente de Chile entre 2000 y 2006 y ahora posible candidato presidencial a las próximas elecciones, Ricardo Lagos.
Con el fin de descomprimir Punta Peuco, en 2004 fue creado el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera y varios de los reclusos fueron trasladados al nuevo penal, que contaba con jardines y bungalows que hacían la función de celdas, y que fue cerrado en 2013 por orden del entonces presidente de Chile Sebastián Piñera.
No obstante, Punta Peuco también reúne condiciones especiales como canchas de tenis, confortables salas de estar, cocinas bien equipadas y grandes terrazas en las que los presos pueden preparar asados y recibir a sus familias.
El debate sobre si corresponde que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, según normas de la Justicia Internacional de las que Chile es parte, pueden acceder a medidas de gracia se abrió hace días en Chile después de que Sebastián Piñera y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propusieran que los reclusos mayores de 75 años o que tenga una enfermedad terminal cumplan su condena en arresto domiciliario.
