Esta es la mejor definición del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Como bien dice la Biblia: algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. La Corte inició un sumario contra Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, defensores de los campesinos de Marina Cué (Curuguaty). ¿Por qué? Por dilatar indebidamente el proceso al pedir la suspensión del juicio oral. Pero el juicio oral de Hugo Pucheta por homicidio culposo se suspendió nueve veces, sin sumariarse a nadie. El procesado es hermano de Alicia Pucheta, miembro de la Corte, sin ser por eso el campeón. En el juicio al juez Miguel Cárdenas, la audiencia preliminar se suspendió trece veces.
En realidad, Ferreiro y Morales se limitaron a señalar que, antes de seguirse adelante, se debía esperar una resolución de la Cámara de Apelaciones, que estaba pendiente. El juzgado pasó el asunto al fiscal, quien recomendó la suspensión, y así el juicio oral pasó a julio del 2015, por decisión judicial y no de la defensa. De nuevo, la paja en el ojo ajeno.
Pero sigamos. Los campesinos están acusados de invadir un inmueble ajeno sin permiso del dueño, de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal. ¿Quién es el dueño? Oigamos al fiscal adjunto de la causa, Marcos Alcaraz: no se sabe de quién es el terreno, porque el asunto depende de una decisión de la Corte Suprema. Esto se publicó en Última Hora el 26 de julio de 2013; hasta el momento, la Corte no se ha pronunciado sobre el punto.
Nos quedarían menos dudas si el Registro de la Propiedad les hubiera mostrado todos los papeles del inmueble reclamado a Ferreiro y Morales; al fin y al cabo, son documentos públicos. No se los ha dado y, mientras tanto, existe un larguísimo proceso judicial iniciado en el 2005 sobre la propiedad del terreno de Marina Cué. Todavía no se ha pronunciado la Corte, que se queja de la política dilatoria de los abogados defensores.
Se sabe que el inmueble pertenece al Estado paraguayo. En el 2005, Nicanor Duarte Frutos decidió destinarlo a la reforma agraria; un propósito compartido por sus sucesores, Fernando Lugo y Federico Franco. El Indert alentó a los campesinos a asentarse en el lugar prometiéndoles titularles la tierra; sin embargo, Blas N. Riquelme, antiguo colaborador de Stroessner, se declaró propietario por usucapión (de un terreno público, por supuesto). Mucho puede decirse sobre la matanza del 15 de junio de 2012, que tuvo lugar en Marina Cué y que omito aquí, porque me limito a las cuestiones procesales.
¿Cuál puede ser el siguiente paso? Quitarles la licencia para ejercer la profesión a Ferreiro y Morales, y dejar sin una defensa efectiva a los acusados. No sería sorprendente, vista la parcialidad manifiesta con que se ha llevado el caso. Aparentemente, los magistrados se sienten a resguardo del juicio político.
