“El presidente Cartes instrumenta el Poder Judicial para perseguir y amedrentar”, mencionó Alegre tras la rueda de prensa en el local del partido.
El discurso de la oposición se centró en el rechazo a la actuación judicial y de las fuerzas públicas en los casos de desalojo producidos en la zona de Caaguazú, en particular en Guahory. Alegre dijo que el Ejecutivo da señales de que puede afectar a todo aquél que no está con él y puso en contexto que los paraguayos asentados en la zona no tienen por qué ser reubicados. “La detención y la utilización del Poder Judicial para ordenar la detención de Andrés Brizuela es un grave atropello a los derechos humanos”, manifestó.
Dijo que la aprehensión del citado es con la clara intención de descabezar al grupo de campesinos que reivindicaban el derecho de propiedad, en contra de los intereses de brasiguayos. “Ustedes fueron testigos de que fue él (Brizuela) con un grupo de compatriotas quienes se apostaban en la Plaza Uruguaya y frente a la Catedral a reclamar sus derechos. Se le culpa de hechos que se sucedieron cuando él estaba en Asunción”, refirió.
A su turno el titular del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, fustigó el papel de Cartes, que beneficiaría a sus amigos y no a la inmensa mayoría. “Sin orden judicial priva el derecho a la propiedad privada a estas familias campesinas. No solo atropellan, sino destruyen sus hogares por la fuerza”, condenó. Agregó que el respeto de Cartes “a la propiedad privada es solo para aquellos que pueden contratar buenos abogados y eventualmente pagarle a la policía para el desalojo”, sentenció.
CIDH. La presidenta del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Josefina Duarte, informó que irán con el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Las tierras son públicas, que debieron ser entregadas a las familias paraguayas asentadas, dado que reúnen las condiciones necesarias para ser sujetas de la reforma agraria”, dice parte del documento.
El caso Guahory emergió a partir de un violento desalojo. Cientos de familias quedaron sin hogar y la policía y la justicia argumentaron de que las tierras correspondían a brasiguayos. En contrapartida, los labriegos también exhibieron títulos.