El enviado, de visita en Saná, trasladó a los rebeldes una “hoja de ruta” que aborda por escrito “arreglos de seguridad y políticos”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric.
La delegación hutí y su aliado, el exgobernante partido del Congreso Popular General, se comprometieron a responder a la propuesta “en los próximos días”, añadió Dujarric.
“Todas las partes deben cooperar completa y rápidamente para apoyar alternativas políticas que aseguren una paz duradera”, dijo Sheij Ahmed en un comunicado.
Según el mediador, “las últimas semanas y meses han confirmado que no hay ganadores en la guerra y que la violencia nunca es una solución viable”.
Esta última iniciativa de Sheij Ahmed llega después de que fracasara el alto el fuego de 72 horas entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes anunciado la pasada semana.
La tregua expiró a la medianoche del sábado y fue violada por ambos bandos.
Hoy, el enviado de la ONU volvió a urgir a las partes a acordar una extensión del cese de hostilidades y a permitir la entrega de ayuda humanitaria sin trabas.
“Los hombres y mujeres de Yemen se han visto atrapados en un cruce de fuego mortífero por demasiado tiempo y está pagando el precio de la violencia indiscriminada en el país. Esto debe parar”, dijo.
Durante su estancia en Saná, el diplomático visitó el lugar donde el pasado 8 de octubre un bombardeo de la coalición árabe que respalda al Gobierno yemení causó 140 muertos y 525 heridos durante la celebración de un funeral y se reunió con representantes de las familias de las víctimas.
Desde el inicio del conflicto, Naciones Unidas ha intentado mediar entre las partes para detener los combates y ha organizado varias rondas de negociaciones de paz. La última, acompañada de una tregua, se cerró sin éxito en agosto pasado.
La coalición árabe capitaneada por Riad comenzó en marzo de 2015 una ofensiva militar contra los hutíes y en apoyo al presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, que se encuentra exiliado en el país vecino.
Según datos de la ONU, desde entonces han muerto cerca de 7.000 personas y tres millones se han visto obligadas a dejar sus hogares.
