EFE
La CEDAW examinó el caso de Ecuador el pasado 19 de febrero y este viernes publicó las conclusiones finales de esa evaluación.
“Las discusiones parlamentarias respecto al Código Penal no tomaron en cuenta la despenalización del aborto incluso en casos de embarazos consecuencia de una violación, de incesto o de grave malformación del feto”, reza el informe.
Ante esta realidad, las expertas del comité “recomiendan” a Ecuador que “despenalice el aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto, en línea con las recomendaciones del Comité sobre Salud”.
Asimismo, las expertas pidieron al país andino que “implemente como una prioridad las Directrices de la Práctica Clínica para los abortos terapéuticos y forme a los actores sanitarios para que las condiciones para un aborto terapéutico sean interpretadas de una manera uniforme en todo el país”.
Recordaron que “el limitado acceso que las mujeres tienen al aborto terapéutico tiene como consecuencia la realización de interrupciones del embarazo no seguras”.
En la misma línea, la CEDAW sugirió a Ecuador que dado el elevado número de embarazos entre la población adolescente, debe “asegurar el acceso barato a métodos de contracepción modernos para todas las chicas y las mujeres”, así como proporcionarles educación sexual e información sobre sus derechos reproductivos.
Por otra parte, las expertas se mostraron “profundamente preocupadas” por los altos índices de violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, que afecta a una amplia proporción de la población femenina.
Asimismo, expresaron su sorpresa porque el Gobierno ecuatoriano no tiene una estrategia para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y ha suspendido la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Ante esta situación, el Comité urgió a Quito a aplicar sin demora un Plan Nacional que incluya todas las formas de violencia: física, psicológica y económica.
Instó a Ecuador a que “apruebe la legislación necesaria para proveer inmediata protección a las mujeres víctimas de violencia desde la primera denuncia, incluyendo órdenes de alejamiento para los culpables”.
Asimismo, pidió que se asegure que existe una red suficiente de casas de acogida para mujeres maltratadas y que determine cómo las víctimas serán resarcidas.
En la misma línea, la CEDAW solicitó a Ecuador que aliente el acceso de las mujeres a la Justicia, tanto estableciendo unidades especiales para casos de violencia doméstica, como promoviendo entre las féminas la disponibilidad y el derecho que tienen a denunciar sus casos en los tribunales.
Otro de los puntos destacados por la CEDAW es la importancia de que las mujeres indígenas y afrodescendientes puedan participar en la vida pública, una recomendación que, de hecho, amplía a todas las ecuatorianas, poco presentes en los cargos de representación.
Finalmente, el comité demandó al Gobierno de Quito que acelere la implementación del programa “SigTierras”, para registrar la propiedad de la tierra de mujeres de las zonas rurales.
