No se ha celebrado ninguna ceremonia por las víctimas y el santuario hindú de Erawan, que tuvo que ser reconstruido, ni siquiera contiene una placa recordatoria con los nombres de quienes perdieron la vida hace un año.
Seis tailandeses, cinco chinos, cinco malasios, dos hongkonguenses, un indonesio y un singapurense murieron aquel 17 de agosto de 2015, la mayoría turistas que visitaban o rezaban en un recinto religioso situado en el centro comercial de Bangkok, en la intersección entre las calles Ratchaprasong y Pathum Wan.
El olvido oficial incluye a los heridos, quienes tras recibir una primera asistencia económica han dejado de interesar a la Administración, como recordaron hoy algunos de ellos durante una rueda de prensa con la Policía que abordó la cadena de atentados de la semana pasada, según el diario tailandés Khaosod.
La tailandesa Wichirata Duangmano, de 30 años y madre de tres hijos, quedó tras la bomba de Erawan con discapacidad laboral permanente y recibió como indemnización 130.300 bats (3.760 dólares o 3.338 euros), de los cuales 30.000 bats (866 dólares o 769 euros) los aportó la Alcaldía de Bangkok y el resto el Ministerio de Justicia.
La intervención de Wichirata en la rueda de prensa fue para pedir que le indicaran dónde podía solicitar más ayuda para sacar adelante a su familia.
Cumplido un año del atentado, la promesa de las autoridades de llevar a los culpables ante las justicia también se ha quedado corta.
Se emitieron 17 órdenes de arresto tras el “peor ataque” sufrido por Tailandia, en palabras del primer ministro y jefe de la junta militar, Prayut Chan-ocha.
Y se ha detenido, acusado y son juzgados en un tribunal militar solo dos personas: Adem Karadag, también conocido como Bilal Mohammed, y Mieraili Yusufu.
Adem Karadag, en cuya casa se encontraron pasaportes falsos y material para falsificar explosivos, ha sido acusado de colocar la bomba debajo de un banco de Erawan.
El entonces jefe de la Policía de Tailandia, Somyot Pumpanmuang, declaró cerrado el caso poco antes de que le nombrasen, el 11 de febrero de 2016, presidente de la Asociación de Fútbol de Tailandia.
No obstante, ni la Policía ni las autoridades han ofrecido una explicación convincente sobre el porqué del atentado de Erawan.
La versión oficial culpa de la explosión al conflicto político que arrastra Tailandia y apunta, sin dar nombres, a la facción que comanda el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, cuyo partido no ha perdido ninguna elección desde 2001.
Thaksin también aparece como el principal sospechoso de la cadena de atentados de la semana pasada, que mató a cuatro personas e hirió a 35, diez de ellas extranjeros.
Las autoridades se negaron desde el primer momento a considerar lo sucedido en Erawan un ataque terrorista, para no espantar el turismo, y rechazaron la interpretación que implicaba a la minoría china musulmana uigur.
Los dos detenidos, Adem Karadag y Mieraili Yusufu, pertenecen a este grupo étnico; además Tailandia deportó a China un mes ante de la explosión a un grupo uigur.
Ambos detenidos se han declarado inocentes de los cargos en un juicio que se puede prolongar hasta 2017, al tiempo que han denunciado abusos durante su encarcelamiento.
El abogado de la defensa les ha aconsejado que se declaren culpables y se acojan a la clemencia del tribunal miliar, según la BBC.
Por su parte, el comandante general Piyapan Pingmuang de la Policía explicó hoy a las víctimas que cuando el jefe del cuerpo anunció la clausura del caso se refería a la investigación, “el proceso de detenciones todavía sigue abierto”.
Las fuerzas de seguridad no han arrestado a nadie relacionado con el atentado de Erawan desde que apresaron a Adem Karadag y Mieraili Yusufu el año pasado.
Marco Zabaleta
