Las tres crisis financieras nacionales de la década de los noventa y la crisis internacional de 2009, y sus consecuencias todavía vigentes, dan cuenta de que la regulación estatal es fundamental para minimizar los impactos negativos que pudiera tener la volatilidad del mercado financiero.
Tanto el marco normativo como las instituciones reguladoras deben modernizarse a la par de la evolución de la economía. La nueva Ley de Bancos es un paso en este proceso.
El rol regulador del Estado es central y para que pueda ejercerse de manera eficaz se requiere dotarle de los instrumentos legales y organizacionales. Ello exige dinamismo en los cambios, por lo que el sector público debe ser capaz de integrar equilibrada y oportunamente los estándares internacionales con la realidad del mercado nacional.
Adicionalmente a la necesidad de reducir los riesgos y la volatilidad propios del funcionamiento del mercado, es fundamental reducir cualquier posibilidad de conductas ilegales. Bien sabemos que Paraguay enfrenta serios problemas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, situación que debe no solo ser prevenida, sino sobre todo penalizada debidamente para reducir su incidencia.
La nueva ley provee un marco adecuado para lograr estos objetivos; sin embargo, su aprobación es solo el principio de una larga cadena de acciones que deben ser diseñadas e implementadas con eficacia.
Las instituciones con competencia en el cumplimiento de esta ley deben ser fortalecidas con un servicio civil profesional, incorruptible y comprometido con los objetivos institucionales y nacionales. Esto incluye no solo al Poder Ejecutivo sino también a todo el sistema de justicia.
Un sistema financiero sólido, inclusivo, capaz de contribuir eficientemente a la asignación de los recursos económicos es condición fundamental para el desarrollo.
Los bancos tienen la función de actuar de intermediarios financieros entre oferentes y demandantes de fondos. A partir de esa función pueden estimular el ahorro y distribuirlo entre los agentes económicos que lo necesitan para llevar a cabo sus actividades de consumo e inversión.
La construcción de un país serio y desarrollado requiere normativas, políticas y entidades públicas capaces de direccionar sus acciones y resultados hacia el logro de objetivos nacionales, entre los que se encuentran la estabilidad monetaria y financiera y la máxima seguridad de los sistemas de pago.
Esperemos que la nueva Ley de Bancos contribuya a mejorar el marco jurídico y que las instituciones encargadas de hacerla cumplir tengan la fuerza necesaria para implementarla, sin privilegios ni consideraciones especiales.
