Hace casi 8 meses, la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro, tiene la acción planteada por el condenado Rodrigo Antonio Lezcano, sin que haya pasado de admisibilidad.
Con ello, el ex director de la Secretaría de Acción Social (SAS), con pena de 4 años de cárcel por lesión de confianza, obtuvo su libertad condicional sin pasar por el penal de Tacumbú.
En la misma causa, la ex ministra Judith Andraschko, fue condenada también a 5 años de cárcel, pero ella sí se encuentra privada de su libertad en el Buen Pastor. Fue beneficiada con las salidas transitorias, pero sigue presa.
Lezcano, con numerosas acciones de inconstitucionalidad, logró evitar ir a prisión, y seguir con arresto domiciliario hasta que el último día de enero, la jueza de Ejecución, Lourdes Scura, le concedió la libertad condicional.
LA ACCIÓN. La acción que está en la Corte fue planteada el 8 de junio del año pasado, en contra de la resolución de la jueza Ana María Llanes, que levantó su arresto domiciliario y decretó su captura.
También en contra de la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal, que ratificó la resolución de la jueza con la que se levantó el arresto domiciliario.
En caso de que los ministros de la Corte rechacen la acción, quedará firme la resolución de la jueza Llanes que levantó el arresto domiciliario.
Así, el tiempo que fue contabilizado para conceder la libertad condicional, quedaría sin efecto, y con ello, al no alcanzar el plazo para ser beneficiado con la medida, debe ir a prisión.
Lezcano fue hallado culpable de la compra irregular de tierras por G. 1.654 millones de guaraníes, junto con la ex ministra Andraschko.
Sin embargo, donará G. 500.000 mensuales por dos años al Centro de Salud N° 3, y 3 bolsas de 5 kilos de fideo a la fundación del padre Aldo Trento.
Además, tiene prohibición de salir del país y de cambio de domicilio, a más de no portar armas. También deberá presentarse del 1 al 5 de cada mes. La audiencia se hizo sin presencia de la fiscala Celia Beckelmann, quien pidió suspender la diligencia.
