“Es mucho lo que se ha logrado en estos seis meses en materia de preparar una plataforma jurídico legal que facilite las investigaciones y el castigo a los culpables de delitos de corrupción. Hacia allá vamos ahora”, dijo hoy el portavoz de la misión, el exembajador peruano en la OEA Juan Jiménez.
El diplomático presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) los primeros resultados de esta iniciativa, que también valoró Arturo Corrales, excanciller hondureño y enlace entre el Gobierno y la misión.
La OEA firmó en enero con el Gobierno de Honduras su primera misión contra la corrupción y la impunidad en un país miembro, un convenio de cuatro años en el que el organismo se reserva el derecho a retirarse si hay incumplimientos.
El portavoz de la misión recordó que buena parte del trabajo de este medio año ha sido la propia instalación de la misión, lo que consideró “un logro en sí mismo”, con un equipo que ahora es de 24 personas pero será de 70.
Jiménez agradeció las contribuciones económicas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Perú y la Unión Europea, al recordar que la misión es “independiente” y por tanto no recibe fondos del Gobierno hondureño.
Ahora la MACCHI está en conversaciones con Suiza, México, Uruguay y Japón para futuras colaboraciones.
Por su parte, Corrales destacó que “el protagonismo” es de las instituciones y la sociedad hondureña, al tiempo que agradeció el apoyo de la misión de la OEA.
“Se ha hecho mucho pero ni por cerca lo suficiente. Pero vamos mucho más rápido de lo que todos anticiparon. Debido a la sed de justicia, hay que reconocer que algunos dicen que se debe acelerar el paso”, indicó el excanciller hondureño.
Cuando anunció la misión, la OEA pidió “un voto de confianza” a una ciudadanía hondureña indignada por los casos de corrupción y ahora pide que “se comprenda” cuál es su función.
En este sentido aclaró que la misión se ciñe a casos de corrupción y, por tanto, no tiene competencia en un caso “de derechos humanos” como el asesinato este año de la activista Berta Cáceres, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha ofrecido a investigar con un grupo de expertos.
“La misión no es un tribunal internacional que decide sobre libertades o prisiones, sino que, como otras experiencias en Centroamérica y el mundo, realiza investigaciones con los operadores del sistema de justicia nacional, para que puedan procesarse casos de corrupción y dictarse condenas efectivas, buscando recuperar los bienes y recursos robados al Estado”, indicó Jiménez.
“También hace reformas institucionales y legales que serán claves en el rediseño de país para poder tener una mejor arquitectura del modelo de combate a la corrupción”, agregó.
A propuesta de la MACCIH, Honduras aprobó la jurisdicción nacional anticorrupción, para juzgar a los corruptos a través de un nuevo sistema de jueces independientes de ámbito nacional que tendrán “seguridad, mejores sueldos y que no son seleccionados por los partidos políticos, sino por un comité donde participa la misión”.
También a propuesta de la misión de la OEA se aprobó la Ley de Política Limpia, que crea “un modelo de avanzada para que los partidos y candidatos rindan cuentas de sus finanzas y que los narcos y otros criminales no puedan aportar a las campañas políticas”.
Esta ley crea la Unidad de Fiscalización, una herramienta que permite hacer investigaciones “de operaciones sospechosas de financiamiento, pudiendo levantar el secreto bancario y tributario de quienes afirman haber financiado las campañas”.
La misión se ha enfocado además en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyas investigaciones comenzaron el 18 de setiembre del 2013 a iniciativa del fiscal general, Oscar Chinchilla.
Hasta ahora hay cuatro personas condenadas, 14 con prisión preventiva, 15 casos judicializados y 47 investigaciones pendientes de ser presentadas al Poder Judicial.
