Ya ha habido algunas confusiones desde los poderes públicos respecto a la responsabilidad social, que algunos quieren imponerla como obligatoria para las empresas, como el caso de un reciente proyecto de ley en esta materia. Esta confusión no se limita a la RS, sino que incluye por ejemplo la atención al cliente, que también se busca imponer de manera forzada con normas inaplicables que pueden convertirse en otro rubro de la corrupción, dando pie a la negociación de sanciones para quienes no las cumplan.
En verdad, como ya lo hemos mencionado en columnas anteriores, existe una invasión del Estado en ámbitos que pertenecen a la esfera privada, lo cual lleva a la sobrerregulación mediante normas que el Estado es incapaz de controlar y de sancionar. Hay una soberbia de los políticos, de variadas corrientes, que asumen que el desarrollo social y económico del país es obra del Gobierno, y que las personas y las empresas se deben limitar a seguir las directivas y normas dictadas desde arriba por el papá-Estado.
Si miramos el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en las últimas décadas, es inevitable reconocer que el protagonista fundamental ha sido el sector privado, que es el que ha incorporado innovaciones productivas en todas las áreas, y al mismo tiempo ha asumido la responsabilidad social.
Tal vez el mayor foco de divergencias con los poderes públicos es el hecho de que estos se ven a sí mismos como órganos del Estado paternalista, el que sabe lo que se debe hacer y pretende guiar a sus hijos díscolos y sancionarlos cuando no se adaptan.
La responsabilidad social empresarial es un signo de madurez de las empresas y una fuente de innovación constante, pues el hecho de que sea voluntaria y libre, permite correr riesgos y mejorar los resultados, sin estar sujetos a sanciones paternalistas. En todos los ámbitos de la gestión pública está claro que la innovación es la asignatura más difícil y aún pendiente, mientras el resto del país adopta las innovaciones tecnológicas, sociales y ambientales, varios pasos por delante de la contraparte estatal.
Esta maduración de la RSE se ha ido evidenciando en la temática de los congresos realizados por ADEC, que abarcan nuevos desafíos que apenas asomaban cuando aquellos se iniciaron. Y, sobre todo, ha ido prendiendo la idea de que la RSE no es un gasto o una carga para las empresas, sino una inversión que tendrá su rédito a largo plazo con una sociedad más próspera y justa.
