Por Patricia Vargas
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, habla del polémico ambiente que se vive respecto a los informes oficiales del Gobierno que involucran a políticos con las mafias de narcotraficantes.
–¿Por qué recién ahora decidió dar los nombres de los políticos ligados de alguna manera al narcotráfico?
–Estoy cumpliendo el mandato recibido. Ellos pidieron informar sobre la vinculación entre políticos con la estructura del narcotráfico. Tanto de la Fiscalía como la Cámara (de Senadores). La idea es hacer un análisis de casos judiciales abiertos. Es así que preparamos un informe donde hicimos un diagrama situacional de políticos vinculados a la estructura del crimen, lo que quiere decir: contactos. Lo más objetivo que encontramos son los audios.
–¿Con orden judicial se lograron los audios? Los diputados Bernardo Villalba y Marcial Lezcano dijeron que usted escuchaba sus conversaciones sin orden judicial...
–Con orden judicial, autorizada por diferentes jueces y bajo la dirección de diferentes fiscales, de distintos casos. Eso nos permitió hacer un diagrama y vínculos. Lo de que se hace sin orden es falso. Yo no me arriesgaría a algo como eso.
–Cuando habla de diagrama situacional, ¿se puede hablar de zonas específicas del país?
–Realmente estamos hablamos de diagnóstico del narcotráfico y ver la evolución histórica de este flagelo y los actores principales. Ahora, podemos, a partir de esta información, dibujar unos escenarios y hacer proyecciones.
–Se habla de que la Senad tiene 1.900 casos en los que investigan a políticos en general. ¿Es así?
–Es así. Hay un montón. Hay casos que investigan al narcotráfico. En cuanto al crimen organizado, el objetivo principal es el núcleo de la estructura, pero en el camino investigativo van apareciendo otros actores que podían cometer hechos punibles, como que un miembro de la Senad o Policía facilite información ilegalmente, o la autoridad política o cualquier otro actor, aparece en el proceso que en el momento no son tenidos en cuenta para el objetivo principal, pero ahora sí estamos en eso.
–¿Hace cuánto está en la Senad?
–Hace cerca de 10 años. Salí en el gobierno de (Fernando) Lugo y volví con el doctor Federico Franco en el 2012 (tras el juicio político).
–¿Y por qué en todo ese tiempo no se denunció a los políticos ligados de alguna manera al narcotráfico? Porque esto no es nuevo.
–Hay casos abiertos que se vienen desarrollando. El narcotráfico como negocio busca proteger esta actividad y es normal la compra de voluntades. Antes no teníamos tecnología avanzada para colectar este tipo de evidencias. Esto empezamos a tener en el 2006, muy limitado por cierto. El caso es que esta es la primera vez que recibimos un pedido de un poder del Estado que nos solicita que le mostremos lo que tenemos. Por eso nunca hablamos de esto.
–¿Por qué los nombres de la diputada Cristina Villalba y Carlos Maggi y otros legis- ladores no figuran en la investigación de la Senad?
–Debo aclarar que esta no es la lista final. La lista de los políticos vinculados (al narcotráfico) es parcial, hay más. Desde el tiempo que recibimos la notificación y el tiempo que se llevó la audiencia (con los senadores) presentamos las informaciones que disponíamos y seguimos trabajando. Para cumplir el oficio del Ministerio Público, vamos a tener que revisar absolutamente toda la información que son de años. A fin de que ustedes entiendan, te explico que de 20 minutos de escuchas telefónicas, a veces, solo sirven 5 segundos la información que nos interesa. Pero debemos escuchar los 20 minutos. Así es con todos los audios.
–¿Cuántas escuchas tienen?
–Y todo lo que tenemos es parcial. No quiero entrar en detalles porque no podemos entrar a socializar esto.
–Y en el caso de Vilmar Acosta, ¿qué pasó? ¿Por qué recién luego de la muerte del periodista Pablo Medina se descubrió que estaba ligado al narcotráfico?
–No basta saber quiénes son y dónde están para enviarlos a la cárcel. Debemos tener elementos de prueba. En inteligencia podemos manejar un montón de casos, nombres y situaciones, pero eso no va a servir al fiscal. En el caso de Vilmar, sabíamos que habían comentarios, pero nunca fue un objetivo específico. Hubo un error de enfoque en el negocio de la marihuana, en cortar y destruir, y descuidar otros elementos y no precisamente en desarticular la estructura. El cambio de enfoque se da en el 2012 y con más énfasis en este gobierno.
–¿Qué le dijo el presidente Cartes sobre esto?
–Nos dio instrucciones y hasta fue muy emotiva la reunión que tuvimos con él. Nos dijo que quiere afrontar las consecuencias de la lucha. El dinamismo cambió tras la muerte de Pablo Medina. Allí la ciudadanía despertó, la clase política, los organismos de seguridad nos dimos cuenta de los enfoques equivocados pensando solo en los recórds históricos de sustancias destruidas.
–¿El presidente les habló de sus correligionarios salpicados en el narcotráfico?
–Nada. Es más, nos dijo que si nos animamos sigamos con esto y que caiga quien caiga, sea del partido que sea. El Ejecutivo es el que convoca a la cumbre de poderes, por ejemplo. Para mí no hay una señal más clara que eso. Hay que resaltar la coyuntura importante que vive nuestro país porque también la clase política acusó recibo de esta expansión.
–¿El tema mediático ayuda o perjudica?
–Esa fue una decisión política por parte de un órgano político (el Senado). Es una señal clara del Poder Legislativo que dice “basta, investiguemos”. Ese es el mandato. Si yo hablo como investigador, la mediatización puede no favorecer mucho al secreto investigativo. Los políticos harán otro tipo de análisis. El narcotráfico sabe de la voluntad del Ejecutivo, de los otros poderes y de la sociedad civil.
–¿Usted llegó a recibir llamadas de jefes de mafias ofreciéndole dinero o intentado extorsionarlo?
–No directamente. Nunca recibí amenaza o intento de soborno. Yo entiendo las reglas de juego.
–¿Alguno de los diputados nombrados por el senador Giuzzio lo llamó?
–Sí, pero no los atendí. No quisiera dar nombres. Me llamaron dos de ellos, varias veces.
