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Opinión
domingo 30 de abril de 2017, 01:00

La Ley de Responsabilidad Fiscal

César Barreto Otazú Economista y directivo de Dende

Esta semana el Ministerio de Hacienda informó su intención de modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Quiero referirme a la importancia de tener una regla fiscal y las ventajas y desventajas de los cambios planteados.

¿Por qué es necesaria una ley que marque los parámetros de una política fiscal responsable? Es una pregunta casi obligada. Un marco de política fiscal surge de la necesidad de dar señales de responsabilidad en la administración de la política fiscal en el largo plazo, de tal manera a generar credibilidad de los ciudadanos y extranjeros en la estabilidad macroeconómica; factor fundamental para incrementar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico. Es de especial importancia en países en desarrollo, donde permanentemente debemos compaginar dos factores: por un lado, las enormes necesidades de servicios públicos y, por otro, los escasos recursos públicos disponibles.

En democracia, las urgentes necesidades generan una presión social y política constante, y el sistema político trata de responder a estas demandas lo más rápido posible. Esta compleja combinación genera permanentes tensiones que fácilmente desemboca en el populismo. El desarrollo económico y social de los países depende críticamente de reglas institucionales que generen incentivos y castigos que induzcan a un comportamiento de los ciudadanos a estudiar, trabajar, ahorrar, asumir riesgos, invertir y a desarrollar toda su capacidad creativa. Es además un proceso que lleva décadas de comportamiento consistente y disciplinado para alcanzar altos niveles de desarrollo.

De aquí la importancia de generar una regla fiscal que se convierta en una institución en el manejo de la política fiscal de un país y es la razón por la cual desde Desarrollo en Democracia (Dende) hemos insistido en su introducción en nuestro país unos años atrás. El planteamiento del Ministerio de Hacienda es modificar la regla fiscal actual que fija un tope máximo al déficit fiscal real observado (el exceso del gasto público sobre los ingresos fiscales efectivamente recaudados) por una regla fiscal que pone un tope al déficit fiscal estructural.

El déficit fiscal estructural se basa en un cálculo de los ingresos fiscales en función al producto interno bruto potencial (no el real). Por lo tanto, es un cálculo teórico, algo que no se observa en la realidad, sino surge de la estimación de los economistas con base en un modelo estándar y conocido por ellos.

La ventaja de una regla fiscal de este tipo es que le otorga más flexibilidad al Gobierno para implementar una política fiscal anticíclica, y poder enfrentar coyunturas económicas recesivas con una expansión de la inversión pública para reactivar la economía en el corto plazo.

Sin embargo, su desventaja es la dificultad que tiene la ciudadanía de controlar su cumplimiento por parte del Gobierno. Difícilmente, personas que no sean economistas puedan estimar el déficit estructural y eso lo hace menos transparente.

Para salvar esta dificultad, se plantea la creación de un consejo asesor fiscal formado por economistas expertos e independientes que cumplan una función pública de monitorear el cumplimiento de la misma e informar a la ciudadanía y que además emita opiniones independientes sobre la política fiscal de manera periódica.

Desde el punto de vista teórico y técnico, la regla fiscal estructural planteada por el Ministerio de Hacienda es superior a la que tenemos actualmente. Sin embargo, debemos sopesar muy bien las ventajas de una regla fiscal simple como la que tenemos versus una más compleja tomando en consideración el desarrollo político-institucional que tiene nuestro país. La regla será creíble solo si el Gobierno lo cumple de una manera transparente frente a la ciudadanía. Si solo agrega confusión y falta de transparencia puede tener efectos contraproducentes incluso en la credibilidad de la política económica del país.

Finalmente, cualquiera de las dos reglas podemos adoptar. Lo importante es que tengamos una regla fiscal transparente, apoyada por los actores políticos y por la ciudadanía, y cumplamos con las limitaciones que sean fijadas en ella.