Uno de los problemas más graves del país es su educación pública carente de infraestructura adecuada para que el derecho a la enseñanza sea un beneficio social que se desarrolle en condiciones humanas dignas.
Los alumnos que dan clases debajo de los árboles, los techos que se derrumban, los baños impresentables, los pisos rotos y las paredes resquebrajadas de 8 de cada 10 escuelas –de las 10.000 que existen– evidencian el alto grado de desidia que por años hubo en la atención de uno de los factores estratégicos más relevantes para buscar el desarrollo.
Poco es lo que puede hacer el Gobierno al seguir con los programas sociales de repartir dinero, alimentos, semillas e instrumentos de labranza si no hace una siembra más sólida y eficaz para el presente y el futuro: la educación. Desde esa perspectiva, los recursos del Fonacide, aunque escasos en comparación al volumen de necesidades, son de importancia capital.
Replicando la insalubre tradición paraguaya de perder oportunidades, la mayoría de los intendentes de los 250 municipios desaprovecharon la oportunidad de contar con más escuelas en mejores condiciones, disminuyendo la cantidad de las que se caen a pedazos. Los gobernadores, aunque más cumplidores de las exigencias formales de rendición de cuentas a la Contraloría, no se quedan sin embargo muy atrás en esto.
Si bien algunos de los que malversaron los fondos, destinándolos al pago de sueldos, sobrefacturaron las obras o los emplearon en obras no vinculadas a la educación, lesionando la obligación de emplear correctamente los recursos que se les entrega, están imputados –como en el caso del intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas–, casi todos están impunes y muchos de ellos serán reelectos en menos de un mes.
El escándalo de corrupción del dinero del Fonacide movió al Parlamento a presentar un proyecto de modificación de la ley vigente en el que las posibilidades de castigo de los corruptos sean más concretas.
Lo que propone es que los gobernantes locales, además de ir a la cárcel, devuelvan de sus propios medios lo que robaron. Esta disposición fue anulada por Diputados, en una clara actitud de complicidad con los delincuentes zonales. Menos mal que el Senado la mantuvo.
Las propuestas de una mejor distribución de los fondos, atendiendo a necesidades reales de los departamentos y de los distritos, son bienvenidas y serán muy útiles en corto tiempo.
Lo claro de todo esto es que la ley a punto de ser modificada en algunos de sus artículos no era la causa de la corrupción. Por eso, la que viene ahora, con algunos ajustes, quedará mejor en los papeles, pero de nuevo será insuficiente para cambiar la cultura del latrocinio de muchas de las autoridades.
Por eso, la sociedad civil tendrá que controlar a sus intendentes y gobernadores para que de a poco se vaya creando una conciencia acerca de que la honestidad es un bien público que favorece el desarrollo de todos.
