“Sin duda, falta mucho por desarrollar. Existen investigaciones en desarrollo que se están tramitando bajo secreto de sumario y que ciertamente revelarán sorpresas por ahí en los próximos meses”, adelantó en una entrevista con Efe Roberson Henrique Pozzobon, uno de los fiscales de la operación.
La vasta red corrupta que operó durante décadas en la petrolera estatal y que ha enviado a la cárcel a decenas de empresarios y políticos marca, desde marzo de 2014, el día y parte de las noches de Pozzobon, quien considera su trabajo un “desafío cotidiano”.
Después de tres años de operaciones y 39 fases ejecutadas, el fiscal señaló que existen en “otras empresas bajo investigación”, además de las ya investigadas y condenadas, así como más políticos.
“Existen también, naturalmente, otros agentes públicos y políticos sometidos a investigación, además de aquellos que ya fueron denunciados”, añadió.
El trabajo de los fiscales del caso Petrobras ha salpicado al actual mandatario, Michel Temer, y a varios de sus ministros, así como a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, que acumula cinco procesos en la Justicia -la mayoría de ellos vinculados al caso-, y Dilma Rousseff.
“Como cada vez se recogen más pruebas y hay cada vez más acuerdos de colaboración, ese ambiente criminal cada vez es más claro y se muestra no como un hecho aislado, sino infelizmente como una regla del juego”, subrayó.
La Policía Federal y el Tribunal de Cuentas estimaron, al inicio de la investigación, que el daño a Petrobras fue de entre 30.000 a 42.000 millones de reales (entre 9.580 y 13.400 millones de dólares).
Esa cifra es independiente del cálculo de sobornos pagados por parte de las compañías implicadas a directivos de Petrobras y políticos que, según Pozzobon, es de al menos “6.000 millones de reales (cerca de 2.000 millones de dólares)”.
Según la Fiscalía, grandes constructoras, entre ellas la mayor de Brasil, Odebrecht, obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias en directivos y partidos políticos de todo el arco parlamentario.
La trama traspasó las fronteras brasileñas y hoy “son más de 183 pedidos de cooperación internacional con la Lava Jato, con más de 42 países”, indicó el fiscal.
Y aunque en este tiempo él no ha sufrido ninguna “amenaza física”, sí hay factores externos que ponen en peligro su trabajo.
“Percibimos tentativas de ofensivas legislativas de algunos agentes políticos. Eso se dio a partir de la propuesta de proyectos de ley que tenían por finalidad dificultar la investigación y el combate a la corrupción”, lamentó.
Pozzobon se refirió a un proyecto legislativo que recoge el “abuso de autoridad” de jueces y fiscales, quienes podrían ser condenados a prisión por diferentes causas, como por actuar con motivaciones político-partidarias.
Al fiscal también le preocupan “las tentativas de amnistías a delitos de corrupción y lavado de dinero” en sobornos por medio de contabilidad paralela a los partidos para financiar campañas o incluso favorecer legislativamente a las empresas salpicadas.
“Esas medidas nos preocupan mucho. Lo mismo ocurrió en otras grandes operaciones de este tipo a lo largo de la historia como en Italia, donde esto se dio de una forma muy clara”, apuntó.
Otro de los escollos es la natural parsimonia de la Justicia brasileña, que aumenta todavía más en la Corte Suprema, único órgano que puede juzgar a los políticos con foro privilegiado, los mismos que intentan lavarse las manos con medidas de perdón en el Congreso.
La demora es tal que de las decenas de denunciados, solo cinco parlamentarios tienen juicio abierto en el Supremo por el caso Petrobras, seis si se cuenta al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, cuyo caso pasó a primera instancia al perder su condición de aforado.
En paralelo a los tiempos de la Justicia, Pozzobon seguirá dedicando sus doce horas diarias de media al caso, algo que ve como un “privilegio” y que espera que “traiga esperanza” al país después de la tempestad.
“La Lava Jato revela que desgraciadamente la corrupción está bastante presente en el trato de la cosa pública”, advierte.
Carlos Meneses Sánchez
