De acuerdo con la fuente, los imputados “habían privado de libertad a dos hombres, entre ellos un menor de edad” y fueron arrestados en “flagrancia”, luego de que “los familiares de las víctimas avisaron a la Policía”.
Los uniformados fueron identificados como Mario Morán, Wilfredo Cortez, Carlos Romero, Miguel Escobar, Ronald Flores, Abelino Juárez, Juan Ramírez y Enrique Alfaro.
El Ministerio Público explicó durante el juicio, celebrado esta semana, que quedó “demostrado que los solados habían privado de libertad a los jóvenes, mientras uno de ellos jugaba fútbol en la calle, y el segundo lo sacaron de su vivienda” de manera ilegal.
Según reportes de la prensa local, los militares condenados detuvieron y torturaron a los jóvenes porque sospechaban que estaban involucrados en el robo de un arma de fuego que pertenecía al Ejército.
Estos soldados son parte de los más de 4.100 efectivos de los cuerpos de seguridad de El Salvador que fueron llevados ante los tribunales desde 2014 y hasta octubre de 2016, principalmente por los delitos de lesiones, amenazas y homicidio, según información obtenida por Efe.
De acuerdo con datos oficiales, 85,2 % (3.529) de los uniformados procesados eran policías y 14,8 % (613) venían del Ejército, en momentos en que los cuerpos de seguridad son las instituciones más denunciadas por violar derechos humanos.
Diferentes organizaciones sociales han criticado la actual política de seguridad, que se endureció en 2016 con el lanzamiento de las “medidas extraordinarias”, porque dan un mayor protagonismo al uso del Ejército.
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos salvadoreña, Raquel Caballero, dijo en noviembre pasado que dichas medidas deben ser “revisadas” a causa de los altos índices de brutalidad policial y militar que se registran.
Un informe del antecesor de Caballero, David Morales (2013-2016), da cuenta de que entre junio de 2014 y mayo de 2015 el organismo recibió 2.202 denuncias por violaciones de derechos humanos, 91,78 % de ellas contra la Policía, el Ejército y otras instituciones que reprimen el delito.
El representante de ONU en El Salvador, Christian Salazar, señaló en enero que el país ha avanzado en la lucha contra la violencia de las pandillas con la “medidas extraordinarias”, pero ve con recelo el uso del Ejército en funciones de seguridad ciudadana, que tiene más de 10.400 miembros en las calles.