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Editorial
jueves 6 de abril de 2017, 02:00

La Justicia enfrenta una gran responsabilidad ante la crisis

Mientras el país entero sigue pendiente de la resolución de la crisis política generada por el intento de violar la Constitución para aprobar la enmienda e introducir la reelección, los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen ante sí una gran responsabilidad para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores opositores y disidentes. Aunque se teme que los ministros de la Justicia sigan sometidos al poder político, también hay esperanzas de que sean conscientes del gran desafío y tengan en cuenta el clamor cada vez más creciente de la ciudadanía. Según cual sea la decisión, ayudarán a la pacificación del país y a que se restituya el estado de derecho, o dejarán que se prolongue y se agrave aún más el conflicto, con más graves consecuencias.

Como muy pocas veces en la historia, la Justicia paraguaya tiene ante si una enorme responsabilidad para ayudar a destrabar la grave crisis que divide a la sociedad y que mantiene paralizados a sectores claves del país.

Desde hace varios días los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen ante sí la tarea de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada el jueves pasado por el presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Acevedo, en representación de los senadores opositores y disidentes, luego de que un grupo de 25 senadores que responden al oficialismo colorado, liderado por el actual presidente de la República, Horacio Cartes, junto a sus aliados del Frente Guasu, liderados por el ex presidente Fernando Lugo, y del sector liberal disidente, comandado por Blas Llano, cometieran un abierto atraco al Congreso al instaurar un Senado paralelo para aprobar un proyecto de enmendar la Constitución e imponer la figura de la reelección.

Hay quienes coinciden en que si los ministros de la Corte hubiesen dado señales de atender la cuestión con más urgencia y celeridad se habrían podido evitar los graves incidentes registrados el viernes pasado cuando, tras la aprobación del proyecto de enmienda por parte de los 25 legisladores del Senado paralelo, numerosos ciudadanos salieron a manifestarse y fueron reprimidos con mucha violencia por la Policía, derivando los desmanes en la toma y el incendio del Congreso, además del asalto policial sin orden judicial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en donde fue asesinado a sangre fría el joven dirigente Rodrigo Quintana.

Es imperioso que las máximas autoridades se comprometan a resolver la cuestión planteada ante su competencia con la máxima celeridad, y que lo hagan con criterio ecuánime y patriótico, teniendo en cuenta que está en juego la misma institucionalidad democrática. Es de esperar que a la hora de emitir su fallo tengan presente el interés de toda la República, y no sus intereses particulares.

También se espera que el Poder Judicial ponga especial celo en garantizar una investigación objetiva y profunda acerca del cobarde asesinato del joven Rodrigo Quintana, como en aclarar quiénes dieron la orden de atracar la sede del PLRA sin orden judicial, violando toda norma de derecho civilizado. La manera en que la cúpula policial está intentando cubrir el caso, fabricando versiones y evidencias que son desmentidas por las múltiples grabaciones en video, demuestran que existen poderosos intereses políticos y mafiosos que buscan encubrir el asesinato.

En momentos en que las posibilidades de diálogo entre los protagonistas políticos se han cortado, ante la intransigencia del sector gubernamental y sus aliados, la actuación del Poder Judicial puede significar la mejor contribución para superar la grave crisis que mantiene en vilo al país.