Según informaron a Efe fuentes judiciales, se trata de una “citación de rutina” que tienen todos los imputados; una diligencia procesal que se llevará a cabo en los juzgados federales de Buenos Aires y que se denomina “estudio socio ambiental”.
Asimismo, según detalló a Efe el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón, el juez federal Claudio Bonadio, quien dirige el expediente, tiene que notificarla en esa instancia “de que queda firme la resolución para ir a juicio oral”, lo que supondrá tomarle huellas dactilares y solicitar si tiene antecedentes, entre otros aspectos que integran ese estudio.
“Un trámite que se hace habitualmente para cualquier imputado que pasa a juicio oral”, agregó el letrado, quien aseguró que su defendida, procesada junto a otros exaltos cargos de su Gobierno por presunta defraudación a la administración pública, “se va a prestar absolutamente a todo” y va a acudir y hacer “todo lo que el doctor Bonadio le imponga”.
La causa abarca presuntas irregularidades en la emisión de contratos de futuros de dólar en la recta final del mandato de Fernández que supuestamente derivaron en pérdidas millonarias para el Estado.
Este expediente contra la exmandataria (2007-2015) se abrió a raíz de una denuncia realizada en octubre de 2015 por diputados del actual frente gobernante Cambiemos, en ese momento miembros de la oposición.
Los legisladores sostuvieron que el Banco Central vendió contratos de dólar futuro por unos 16.000 millones de dólares “a sabiendas de que una mínima fluctuación negativa de la moneda nacional frente al dólar sometería a la autoridad monetaria a un riesgo sin precedentes”.
La citación para registrar las huellas dactilares llega después de que la semana pasada la Justicia confirmó el procesamiento de Fernández y del resto de acusados.
A raíz de ello, la exmandataria manifestó su deseo de que la causa fuese rápidamente elevada a juicio oral.
Dalbón agregó que el fiscal Jorge di Lello solicitó que Bonadio sea investigado por la misma causa, algo que todavía deberá determinar el juez Sergio Torres.
Según añadió el abogado, en el caso de que se eleve a juicio oral el expediente dirigido por Bonadio, habrá que esperar si prospera esa imputación fiscal contra él.
No obstante, la propia expresidenta reclamó ayer a la Justicia que cite a declarar como investigados a funcionarios del actual Gobierno y a empresarios “afines” al presidente Mauricio Macri, al considerar que fueron “adquirentes” de esos contratos de dólar futuro “por valores millonarios” en lo que entendió como “un verdadero escándalo jurídico”.
Tanto la exjefa de Estado como el kirchnerismo en general rechazan los cargos y alegan que las pérdidas se produjeron debido a la devaluación ordenada por el Gobierno de Macri, quien tomó el cargo el pasado diciembre.
