29 mar. 2024

La Justicia brasileña acepta la denuncia por el vertido tóxico que causó 19 muertos

Brasilia, 18 nov (EFE).- Un juez federal brasileño aceptó hoy una denuncia contra cuatro empresas y 22 de sus directivos por su supuesta responsabilidad en una tragedia causada por un vertido tóxico de la minera Samarco que el año pasado dejó 19 muertos.

Vista de los acueductos con los que se sigue despejando el agua contaminada en el Río Doce, en el poblado de Bento Rodrigues, después de la mayor tragedia ambiental de Brasil, provocada por un gigantesco vertido de residuos minerales, que provocó 19 muert

Vista de los acueductos con los que se sigue despejando el agua contaminada en el Río Doce, en el poblado de Bento Rodrigues, después de la mayor tragedia ambiental de Brasil, provocada por un gigantesco vertido de residuos minerales, que provocó 19 muert

La denuncia fue formulada por la Fiscalía ante un tribunal del estado de Minas Gerais y sostiene que Samarco y las empresas Vale, BHP y VogBR, corresponsables por las operaciones en la mina en que se generó la tragedia, deben responder, entre otros, por delitos ambientales, homicidio culposo y lesiones corporales.

Esta demanda se ha sumado a otra presentada el año pasado por el Ministerio Público, la cual exige que se apliquen a esas empresas unas sanciones pecuniarias por 155.000 millones de reales (cerca de 46.600 millones de dólares).

El desastre ocurrió en noviembre del año pasado, cuando uno de los diques de la mina, que contenía depósitos de agua y residuos minerales, se rompió y lanzó una riada tóxica que barrió el poblado de Bento Rodrígues y causó daños incalculables a lo largo de unos 650 kilómetros de la cuenca del río Doce.

En mayo pasado, la justicia aprobó un acuerdo firmado entre el Gobierno y las mineras responsables del vertido que compromete a las empresas a destinar 20.000 millones de reales (unos 5.882 millones de dólares) durante la próxima década para resarcir a las víctimas y reparar los daños ambientales.

Ese acuerdo indemnizatorio, sin embargo, no exime a las empresas ni a quienes dirigían las operaciones en la mina de sus supuestas responsabilidades penales, según explicó el tribunal federal que ha decidido aceptar las denuncias.

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