“Evaluaremos antes de este mediodía las objeciones”, aseguró la YSK en un comunicado, citado por el diario Hürriyet.
La principal irregularidad, denunciada por la oposición, es que, de acuerdo con la legislación vigente, unos 2,5 millones de votos no deberían haber sido dados por válidos debido a que no llevaban el sello preceptivo de la mesa electoral.
Pero la YSK los aceptó con el argumento de que la falta del sello oficial fue una mera cuestión de “desconocimiento o negligencia” de los miembros de las mesas, algo que ha ocurrido otras veces, y consideró que esas papeletas son auténticas.
El Partido Republicano del Pueblo (CHP), segunda formación en escaños del Parlamento de Turquía, ha tildado de “golpe” esa acción de la autoridad electoral, y asegura que si solo se hubieran contado los votos sellados, habría ganado el “No” al cambio constitucional.
Por ello, el CHP pidió ayer la anulación del referendo, en el que el “Sí” a la reforma que prevé dar al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, todo el poder ejecutivo, se impuso el domingo con el 51,4 % de sufragios.
La misión de observadores electorales de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) advirtió el lunes de que la decisión del YSK de validar los votos no sellados era “contraria a la ley”.
No obstante, aunque los resultados definitivos solo se declararán dentro de unos diez días, una vez resueltas las impugnaciones, el Gobierno ya da su triunfo por irreversible y ha anunciado que implantará la mayoría de los cambios a partir de las próximas elecciones, previstas para 2019.
