Marco Blanco y Nelson González, ambos miembros de la mencionada cámara, negaron que la libranza sea un sistema de “embargo de salario”, sino un mecanismo voluntario de pago entre el cliente y las empresas.
Al ser consultados sobre el cuestionamiento respecto a imposibilitar al usuario revocar la libranza (el descuento automático), dijeron que las empresas necesitan una garantía del cobro por sus servicios. “Con la libranza llegamos a prestar servicios o vender productos de forma financiada hasta las zonas más lejanas del país a gente que no tiene cerca un servicio de pago. La irrevocabilidad nos da la tranquilidad para que funcione bien el negocio, nos da seguridad”, aseveró Blanco.
Afirmó que de los cerca de 80.00 docentes solo un 10% es el que está con problemas de sobreendeudamiento.
No obstante, ambos reconocieron que hay empresas que bajo el sistema de libranzas están cobrando tasas de interés por sobre el límite usurario establecido por el Banco Central del Paraguay.
“Sin la ley la situación es un desastre. Nosotros también queremos que se depure el sistema de aquellos que han mal utilizado la libranza”, dijo González. Recordaron que la ley propone límites al descuento y creará una central de riesgo para las empresas.
