Las señales que empezó a dar este Gobierno en torno al inicio de la campaña electoral para la gestión 2018-2023 deben alertar a la ciudadanía. Las reuniones partidarias en Mburuvicha Róga y las visitas realizadas por el ministro de Hacienda a líderes del partido –actualmente en ejercicio de la presidencia de la República– si no violan el marco legal –lo cual es dudoso–, claramente constituyen un problema ético.
El Ministerio de Hacienda y el virtual candidato a la presidencia, actualmente ministro, deben mantenerse totalmente al margen de la influencia que indefectiblemente significa el electoralismo. El permiso solicitado por el ministro fue denunciado como ilegal, pero aunque tenga fundamentos jurídicos, de ninguna manera puede considerarse una conducta dentro de los márgenes éticos en los que debe mantenerse un ministro.
No hay argumento que justifique que en horario laboral, tampoco en horario no laboral, una autoridad dedique tiempo a actividades partidarias y, menos aún, participe en actividades públicas habiendo pedido permiso. Este último hecho muestra claramente que la aspiración política partidaria es incompatible con la gestión técnica. Participar de un acto oficial en medio de una campaña electoral es desde cualquier punto de vista ilegal e ilegítimo.
Cualquier país del mundo es vulnerable, pero Paraguay es particularmente débil teniendo en cuenta la cultura prebendaria y clientelista de los políticos, los conflictos de intereses por parte de sectores económicos que permanentemente buscan imponer sus intereses particulares por encima de los generales, y la ausencia de una carrera del servicio civil que proteja el profesionalismo de los funcionarios públicos.
Paraguay está ubicado en cualquiera de los índices mundiales que miden el desempeño institucional público en los lugares más bajos de la lista. No debiera ser justamente la principal autoridad fiscal –el ministro y el Ministerio– y con aspiración de llegar al máximo cargo público posible el ejemplo de que dichos índices reflejan la realidad.
Nuestro país necesita acelerar su proceso de desarrollo. Durante la última década ha avanzado en muchos indicadores sociales y económicos, pero la lentitud de los avances no le ha permitido cerrar las brechas con el promedio latinoamericano, ni mucho menos con los países del Cono Sur.
Dar pasos hacia adelante exige un compromiso con la vigencia de un estado de derecho y de instituciones fuertes en los que la política partidaria y los intereses particulares tengan cada vez menos peso. Ojalá no demos marcha atrás en los mínimos logros alcanzados.
