Aunque exista la sana intención de castigar a los funcionarios públicos corruptos, que en vez de administrar correctamente el patrimonio colectivo que se les confió lo utilizan en beneficio propio, es necesario contar con el criterio realista de que no es fácil.
Es sabido que los perversos poderes reales de la sociedad actúan en estos casos para ejercer influencia sobre los agentes encargados de llevar adelante las averiguaciones acerca de los imputados y los magistrados que intervienen en la causa. El propósito final de esas fuerzas oscuras que se despliegan es lograr la impunidad de los que hoy están en la mira de la sociedad, por no haber sido leales al mandato de gerenciar con honestidad los bienes públicos.
En el caso en el que se investigan las acusaciones en contra del ex intendente de Lambaré y candidato a la re-reelección, Roberto Cárdenas, han habido situaciones que permiten pensar que factores externos extraños a los procedimientos jurídicos y al contenido de las leyes están interviniendo a favor del que está en plena campaña política por el Partido Colorado.
Uno de los hechos llamativos es que, mediante maniobras judiciales, quedó apartada del caso la fiscala Blanca Agüero, quien había solicitado la detención del ex intendente y su remisión a prisión. Con una recusación de parte de la defensa del político y la resolución de la jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete, la agente fiscal fue temporalmente marginada. Además, devolvió la carpeta fiscal porque el caso no podía ser considerado urgente, por lo que no era posible admitir la presentación. El fiscal Miguel Quintana, que sustituyó a la agente cuestionada, dijo que para él no existen suficientes elementos de juicio que justifiquen el pedido de prisión, por lo que dejó sin efecto el mismo.
Es muy llamativo que un caso que está en la mira de la opinión pública desde hace varios días fuese declarado como no urgente y que dos agentes del Ministerio Público, que se supone deben actuar con los mismos criterios institucionales, exhiban criterios dispares: una pide la cárcel, otro lo anula.
Ante esta situación, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ordenó la reposición de la fiscala Agüero y decidió que un sumario indague por qué hubo dos modos diferentes de actuación de los fiscales. Con ello dio un paso a favor de la credibilidad del Ministerio Público.
Habrá que ver todavía, sin embargo, cuál es el curso de los hechos, porque está a la vista de la opinión pública que Díaz Verón se reunió con el presidente Horacio Cartes cuando Cárdenas declaraba en Villa Elisa. En el momento de esa conversación estaba también en Mburuvicha Róga el presidente de Diputados, Hugo Velázquez, a cuyo liderazgo político responde el imputado.
Las sospechas de injerencia política siempre van a estar presentes en casos que involucren a autoridades e incluso de los que aspiran serlo. Sin embargo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que desmentirlo con decisiones que no favorezcan a los delincuentes y sus protectores.
