La solicitud forma parte de un documento difundido hoy por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que forma parte de la Conferencia Episcopal Argentina y cuyos integrantes se reunieron ayer, sábado, y este domingo para analizar la situación de las adicciones en todo el país.
En el documento, los delegados de las diferentes diócesis de Argentina advierten que el de las drogas es “un problema que fue creciendo y es un espiral destructivo que se lleva la vida de miles de chicos”, quienes en forma cotidiana se acercan a las parroquias “faltos de oportunidades” y con dificultades para acceder a especialistas que los asistan para poder dejar su adicción.
Según los delegados, la respuesta que se sigue dando ante este problema tiene “un fuerte enfoque en la represión a los sectores más vulnerables”.
“Si no ofrecemos oportunidades no alcanza con perseguir al narcotráfico, sobre todo hay que cuidar a los pibes (niños y jóvenes)”, consideraron.
“Por todas las muertes y tragedias familiares a lo largo de todo el país”, el equipo solicitó la “sanción de la emergencia nacional en adicciones” y que “a todos los niveles del Estado, medios y religiones se comprometan en este reclamo que no puede esperar”.
Por otra parte, el documento señala que es “impostergable” tener en cuenta la situación de pacientes con epilepsia refractaria “que en el aceite de cannabis encuentran medicina y que le corresponde al Estado proveerla gratuitamente”.
Tras la difusión del documento, el titular de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, dijo hoy en rueda de prensa que el texto de los delegados “no es un trabajo académico escrito desde algún laboratorio o universidad”, sino que surge de “las experiencias de quienes todos los días trabajan en comunidades de todo el país que tienen realidades muy distintas y este gran problema en común”.
“El fenómeno fue creciendo muchísimo. De hecho, si se toman los datos de los últimos dos años, se ve claramente cómo se incrementó el consumo. Hay que analizar bien qué se puede hacer a nivel educativo y sanitario. Es un trabajo muy arduo que el Estado debe hacer junto a diversas organizaciones sociales y representantes de otros credos”, sostuvo el sacerdote.
Los integrantes de la comisión aclararon que no están de acuerdo “con las políticas liberales que reclaman el derecho a cultivar y consumir drogas”.
