El Parlamento no reconoce a los magistrados que por ahora siguen sentándose en esos sillones por los presuntos defectos del proceso relámpago que llevó en diciembre de 2015 a la designación de los jueces del TSJ, que les ha valido en círculos opositores el apodo de “los exprés” y también ha sido denunciado por la fiscala general Luisa Ortega.
Días después de la aplastante victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados del Supremo, que tomarían después algunas de las decisiones judiciales más polémicas de la historia reciente de Venezuela.
La más decisiva para el curso de los acontecimientos se dictó en marzo de este año, cuando el Supremo –que había declarado “en desacato” al Parlamento– se atribuyó las funciones de la Cámara y levantó la inmunidad de los diputados.
No se sabe si los magistrados nombrados por el Parlamento –llamados los jueces “falsos” en medios oficialistas, y que no cuentan con el aval conjunto, requerido por la ley, de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía– intentarán entrar en la sede del Supremo y ocupar los despachos que creen que les corresponden.
Es también una incógnita dónde se reunirán y celebrarán sus sesiones, cómo harán cumplir sus decisiones sin una Policía y unos funcionarios a la orden para ejecutarlas y si se aplicarán contra los “falsos” las acciones que pedían “los exprés”.
“¿Es usted consciente del riesgo que asume y el desafío que enfrenta?”, se preguntó a los nuevos magistrados en la ceremonia de juramento del Parlamento. Todos respondieron con un “sí” contundente e inequívoco. efe