La burla que se hizo en Paraguarí al Decreto 1056/13, firmado por el presidente Horacio Cartes para implementar la estrategia de lucha contra la pobreza, se replicó de manera estricta en el Departamento de Misiones.
En Misiones también se aplicaron amañados procedimientos que beneficiaron nuevamente la intermediación, al usar la figura de “pequeños productores”, transgrediendo de manera alevosa la innovadora modalidad de compra simplificada, cuyo objetivo es fomentar la agricultura familiar y su acceso a los mercados.
ADJUDICADOS. En un hábil procedimiento, con documentaciones que en el mejor de los casos cumplen con los requerimientos, se concedieron adjudicaciones por montos que escapan a las posibilidades de producción de los adjudicados, que en realidad son intermediarios postulados como agricultores.
La entidad convocante, la Gobernación, evidenció un frágil control de las ofertas, pese a que el artículo 8 del Decreto 1056/13 claramente exige: “Facúltese a la convocante a realizar las averiguaciones que sean necesarias para corroborar que el oferente es en efecto un productor de su jurisdicción, y que los productos o bienes ofrecidos son obtenidos por la utilización principal de la fuerza de trabajo familiar”.
Juan Fleitas, por ejemplo, es un “productor” adjudicado para proveer verduras y frutas por G. 461 millones y se postuló como oferente con capacidad de producción de 21 variedades, pero solo tiene plantaciones de maíz y poroto, según confirmó él mismo. El caso de Fleitas se repite de forma simultánea en varios distritos de Misiones.
Fleitas admitió que trabajan con un centro de acopio y que no venden directamente a la Gobernación, porque “no teníamos la producción, pero el año que viene ya vamos a plantar más”.
Así también, Roberto Augusto Ortiz, un acopiador e importante distribuidor de verduras, sin tener una finca de producción propia, fue adjudicado con G. 252 millones.
“Reunimos toda la producción de la zona por la gran variedad”, sostuvo el mismo. El trabajo que realiza Ortiz ni roza la condición de “pequeño agricultor”, pero se beneficia con la modalidad simplificada del Gobierno. Mientras tanto, cientos de verdaderos productores quedan excluidos, según los vecinos.
María de la Cruz Romero es una productora de bananas de la compañía Guayakí de San Ignacio. Ella lamenta la discriminación y la forma en que se está implementando la modalidad en su departamento. “Estoy en la otra calle de la escuela, pero veo que se traen productos de lejos. Nosotros ya somos conscientes de que seremos excluidos siempre, cuántos proyectos ya vinieron en nombre de nosotros, en nombre de los pobres y seguimos igual”, agregó.
El gobernador Derlis Maidana había derivado las consultas a la funcionaria Martyna Fernández, pero esta dio una brusca respuesta y se negó a atender. “Que el diario haga sus consultas por escrito”, dijo.
