Paraguay es uno de los países de menor cobertura de la seguridad social –jubilación– en la región. Esta cobertura, además, está focalizada en los quintiles de mayor riqueza debido al diseño institucional de la política centrada en el empleo formal. El trabajo formal en general exige niveles elevados de educación, al que llega una parte todavía mínima de la población adulta. Es decir, además de que el sistema llega a pocos, cuando llega beneficia a los de mayores recursos, lo que significan altos niveles de inequidad.
Adicionalmente, el sistema está conformado por múltiples mecanismos, todos con diferentes normas, problemas de sostenibilidad y elevados grados de vulnerabilidad. La situación se agrava cuando se considera que ya ha habido casos de mala gestión que derivaron en la necesidad de aportes con recursos del Tesoro. Esto le imprime aún más inequidad al sistema, ya que los costos derivados de una mala administración se terminan pagando con impuestos de gente que no cuenta ni contará con los beneficios de una jubilación.
Un sistema fragmentado, con antecedentes de casos problemáticos, de baja cobertura, lo que afecta seriamente a su sostenibilidad, y altos niveles de inequidad exigen la implementación de un ente regulador.
Esta institución debe ser altamente técnica, sin injerencias políticas ni con conflictos de intereses derivados de la participación de los sectores que integran los aportes. No se puede ser juez y parte a la vez. Esto no significa que no haya mecanismos de auditoría de los aportantes o de quienes ya estén percibiendo jubilaciones ni de transparencia tanto para los directamente interesados como para el resto de la ciudadanía.
Es una pena que una propuesta de ley tan importante como esta no haya podido ser negociada debidamente y se haya apurado su aprobación generando tanta disconformidad y desconfianza. Por otro lado, la gestión actual de una de las instituciones más importantes como el IPS también adolece de grandes deficiencias y la reciente administración no solo no la ha mejorado, sino que se han visto retrocesos en los derechos.
El contexto inadecuado y la rapidez con que se impulsó la aprobación despertaron la desconfianza y malestar de los afectados, lo que impidió cualquier posibilidad de diálogo presente o en el mediano plazo.
Los principales interesados en aprobar la ley fueron incapaces de gestionar un potencial conflicto y negociar una salida que beneficie a todos. Esto deja una vez más al descubierto la necesidad de cambiar una cultura altamente autoritaria por una que sea capaz de generar consensos y sobre todo un pacto por el bienestar.
