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Mundo
jueves 21 de julio de 2016, 20:09

La Fiscalía salvadoreña sin dinero para la "avalancha" de denuncias por crímenes de guerra

San Salvador, 21 jul (EFE).- La Fiscalía salvadoreña no posee recursos para investigar la "avalancha" de denuncias por crímenes de lesa humanidad que se pueden desencadenar por la reciente anulación de la Ley de Amnistía, aseguró hoy el fiscal General, Douglas Meléndez.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, el pasado 13 de julio, "inconstitucional" la Ley Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de guerra ocurridos durante la guerra civil.

La decisión judicial se basó en el alegato de que esa amnistía "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

Meléndez aseguró en una rueda de prensa que la Fiscalía hará "lo que, de conformidad a la Constitución, le compete" pese a que "no estaba preparada para esta sentencia, en tema de recursos".

"El nivel de crimen que tenemos en este momento en el país es grande y los recursos son bajos y las implicaciones de la derogatoria de la Ley de Amnistía son fuertes", advirtió el funcionario.

Detalló que el ente investigador tendrá que crear "unidades o grupos especiales que investiguen esos casos" porque "son hechos de hace décadas".

No obstante, aseguró que si la institución se mantiene con el mismo presupuesto "indigno, pírrico e injusto", para el 2017, "no podremos enfrentarlo" porque necesita recursos.

Meléndez reveló que el Ministerio Hacienda mantendrá el presupuesto de 44 millones de dólares para el próximo año, a pesar de que había solicitado duplicarlo.

"El problema de la Fiscalía es que se le ha tenido ahogada económicamente; mantenernos con ese presupuesto es darle (a la institución) el tiro de gracia", acotó el fiscal general.

Para el jefe fiscal el anuncio es "extraño" porque representantes del Gobierno manifestaron la semana pasada a diversas instituciones gubernamentales de los Estados Unidos que la Fiscalía "se va a fortalecer y se le va a dar un presupuesto digno y adecuado, la verdad es todo lo contrario".

"La Fiscalía en este momento, económicamente, no está preparada para efectuar esas investigaciones correctamente, si no nos dan los fondos, lo vamos hacer mínimamente", recalcó.

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone que se puedan retomar o abrir procesos judiciales en los 32 casos de crímenes de guerra plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas, atribuidos al Ejército y a la guerrilla.

El documento recoge casos como el de la masacre de 6 padres jesuitas y 2 de sus colaboradoras (1989) y de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.

Otros son los de las ejecuciones de la médica española Begoña García (1990), 4 periodistas holandeses (1982) y 4 religiosas de la orden Maryknoll (1980).

Algunos sectores del país centroamericano aseguran que la inconstitucionalidad "arrastra" al país al pasado y que "reabre viejas heridas", mientras que para otros, principalmente organizaciones de víctimas, es el inicio real de la "reconciliación".

La guerra civil enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -hoy en el poder como partido político-, y se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.