El Ministerio Público puede actuar de oficio en los casos de denuncias sobre supuesta presión a los funcionarios públicos para firmar las planillas que se encuentran en las instituciones del Estado. Es en la campaña a favor de la enmienda constitucional para lograr la reelección presidencial.
El fiscal Aldo Cantero fue consultado sobre el tema y la posible actuación de la Fiscalía Anticorrupción.
Señaló que no existe ninguna denuncia oficial por coacción o presión de parte de algún funcionario que se vio obligado a rubricar el documento.
A la vez, indicó que si no existen denuncias oficiales, pero las mismas van aumentando a través de otros medios, la unidad investigadora puede actuar de oficio.
“Nosotros no sabemos si efectivamente hay o no un tipo de presión a los funcionarios. O si hay amenazas. Pero en caso de que haya, la Fiscalía está obligada a investigar. Si las denuncias cada vez se hacen más fuertes o hay más cantidad, por ejemplo, a través de los medios, podemos actuar de oficio. Muchas veces actuamos de oficio tras publicaciones de los medios que muestran documentos o acciones contundentes”, explicó Cantero.
Los principales referentes del Gobierno de Cartes apoyan la estrategia y hasta justifican que se realice la actividad de juntar firmas dentro de las instituciones públicas, violentando lo que establece el artículo 60 de Ley 1626 de la Función Pública.
El jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira, manifestó que no ve nada de malo en que se estén pidiendo firmas en instituciones públicas.
Pidió que se denuncie a la Secretaría Anticorrupción si existe tal presión. López Moreira olvidó que esa dependencia también depende del presidente Cartes.
INTENCIÓN. El oficialismo quiere promover esta recolección de firmas para aprobar la enmienda que posibilite la reelección, a pesar de que expertos constitucionalistas aseguran que con eso se violaría el artículo 290 de la Carta Magna.
Esta campaña de firmas surgió luego de que en agosto pasado fracasó la negociación para cerrar los votos necesarios en la Cámara de Senadores para aprobar la polémica figura que fue rechazada por una mayoría de 23 legisladores.
En noviembre, el oficialismo volvió a naufragar en su intento de volver a tratar el proyecto de enmienda, que ya estaba archivado.
Sin embargo, hoy sigue insistiendo con dicho planteamiento a pesar de que la Constitución dice claramente que un proyecto rechazado y archivado no puede ser tratado hasta dentro de un año, o sea, hasta agosto de este año.