En su escrito de acusación, el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, que ha pedido el archivo de la causa para el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, por falta de indicios contra él, reclama asimismo 8,4 millones de euros de multa para el Barcelona y 7 millones para el Santos brasileño, de donde provenía el jugador cuando fue fichado por el equipo blaugrana.
También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y pide asimismo una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N, además de reclamar a cada uno la misma multa de 10 millones de euros que el fiscal ha pedido para el jugador.
En esta causa, conocida como el caso Neymar 2, se investigan delitos de estafa y corrupción entre particulares a raíz de una querella del fondo DIS, que tenía un 40% de los derechos federativos del jugador y que se consideró engañado por lo que le pagó el Barça.
Por ello, el fiscal reclama a los acusados Rosell y Odilio Rodigues, exvicepresidente del Santos; así como al Santos y al Barça, como personas jurídicas, que indemnicen de forma conjunta a DIS con 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Según el fiscal, “con la intención de ocultar el coste real del jugador”, que después se supo había ascendido a 83 millones de euros, Rosell, “actuando siempre en representación del FC Barcelona”, se concertó con Rodrigues y con el padre de Neymar “e idearon fragmentar el pago del fichaje del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos”.
El fichaje de Neymar se llevó a cabo en dos momentos “diferenciados” y así en 2011 el Barcelona se comprometió a pagar al delantero 40 millones de euros para que jugara en el equipo catalán a partir de 2014 y le dio un adelanto de 10 millones, “impidiendo que otros clubes participaran libremente en el mercado para la adquisición de los derechos federativos”.
Este acuerdo se materializo en dos contratos en los que participó el FC Barcelona, bajo la representación de Rosell y Bartomeu, que entonces era vicepresidente del club; así como el jugador, su padre y la empresa N&N, de titularidad al 50% de los padres de Neymar.
Los contratos fueron suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011. A través del primero el Barcelona se comprometió, además de a pagar por el traspaso 40 millones, a abonar a Neymar un sueldo de 36,1 millones en 5 años, todo ello para 2014, año en el que el jugador dejaría de estar vinculado al Santos y DIS ya no tendría los derechos.
Sin embargo, para lograr adelantar a 2013 el fichaje, Rosell “decidió abonar unas cantidades superiores” a Neymar que, a través “de su padre y agente”, reclamó una prima mayor para incorporarse al Barça y también para el Santos, con el que “se concertó para que recibiera directamente parte del precio derivado de la transferencia de los derechos federativos, evitando de esta manera abonar a DIS el 40%".
Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, “el FC Barcelona decidió mantener públicamente que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club” los 40 millones inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los derechos federativos al Santos, indica Perals.
DIS percibió el 40 % de esa cantidad, sin embargo “la cantidad real del traspaso de los derechos federativos” ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser indemnizado con 3,2 millones.
En cuanto a Bartomeu, Perals indica que su mera condición como vicepresidente del club cuando se produjeron los hechos “motivó que firmara algunos contratos”, pero no se ha podido acreditar “su participación activa en la negociación”.
El juez José de la Mata, instructor de esta causa, decidió archivarla porque consideró que las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del jugador-, si bien pueden tener “repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias”, no encajan en un procedimiento penal.
La Fiscalía recurrió esta decisión y finalmente la Audiencia Nacional ordenó a De la Mata que procesara a los investigados tal y como le había pedido Perals al apreciar indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa.
