Espinoza indicó que analizarán todas las publicaciones periodísticas sobre el caso para tomar una determinación.
“Se van a analizar todas las publicaciones y si encontramos algún elemento, algún hecho que amerite la apertura de una causa, de hecho que nosotros estamos luego obligados por ley”, expresó el agente del Ministerio Público.
Señaló además que para la apertura de una causa se necesitan elementos concretos.
“Si nosotros no tenemos los elementos que nos exige la ley, en este caso el artículo 18 y el artículo 285 del Código Procesal Penal, estamos imposibilitados, porque la ley tiene sus exigencias y nosotros actuamos conforme a ellas”, manifestó Espinoza.
La institución agraria a cargo de Justo Cárdenas, transfirió millonarias sumas de dinero a dudosas oenegés, que a su vez contrataron a constructoras para la ejecución de obras de sistemas de abastecimiento de agua potable en varias comunidades rurales.
Las transferencias de dinero proveniente del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), se hicieron mediante el rubro 800, que escapa a la fiscalización de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Se descubrió que varias constructoras contratadas por las oenegés son de reconocidos políticos del Partido Colorado. El mismo Cárdenas se desentendió de esa situación alegando que la institución a su cargo “ya no tiene incidencia”. Hay varias denuncias de sistemas de agua no concluidos, desperfectos de las obras, entre otras.
