“Existen elementos de convicción suficientes para la elevación de la causa a juicio oral y público”, indicó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández.
Fueron acusados el ex titular del ente agrario Luis Ortigoza; el administrador judicial de la firma, Arnaldo Martín Jara, y la escribana Marta Lilian Roa de Vargas, por los hechos punibles de lesión de confianza y estafa. También figuran los ex miembros de la Junta Asesora y de Control del Indert, Pedro Milciades Duré (actual diputado liberal y ex gobernador de Cordillera), Justo César Gamarra; y los funcionarios Víctor Luis Blanco y Mario Echeverría, todos por lesión de confianza. El único imputado que no fue acusado es el parlasuriano Emmanuel Friedmann, porque aún no fue desaforado.
Fernández afirmó que el perjuicio total al Estado es de G. 60.294 millones, suma a la cual se obligó el Indert con la operación de la compraventa.
Señaló que las tierras debían ser destinadas a la agricultura familiar campesina, pero no son aptas para este fin.
No aptas para reforma agraria. “Se ha constatado a través de pericias e informes, que la mayor parte no es apta para el cultivo, ya que se encuentra en una zona destinada a esparcimiento vacacional. En otra parcela, la tierra no es cultivable, por ser arcillosa”, dice la Fiscalía que también descubrió que, según la reglamentación vigente, el inmueble debía pagarse al valor fiscal que totaliza G. 1.817.917.200.
Pero Ortigoza, Gamarra y Duré resolvieron pagar el valor de mercado y adquirirlas por G. 10.500.000 la hectárea.
Este monto fue el más alto de tres tasaciones realizadas, y se duplicó en menos de dos semanas. El Estado abonó a la firma cerca de G. 47.000 millones (80% del total) días previos a las elecciones generales de abril del 2013 para concretar una alianza entre liberales y oviedistas. El caso fue denunciado por ÚH en febrero de 2013.
