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Mundo
miércoles 14 de junio de 2017, 01:00

La fiscala venezolana recrudece su ofensiva contra el presidente

AFP

CARACAS - VENEZUELA

La fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, arreció ayer su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, al promover el enjuiciamiento de ocho magistrados del máximo tribunal de justicia, considerado un poderoso aliado del Gobierno y al que acusa de quebrar “el orden constitucional”.

Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del Gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de los ocho jueces de la Sala Constitucional.

La fiscala, abogada de 59 años, pidió a la Sala Plena del TSJ un antejuicio de mérito, por estimar que esos magistrados cometieron delito de conspiración contra el sistema democrático. “No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, denunció Ortega.

El lunes, la fiscala impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras que dejan 67 muertos en dos meses y medio.

PIDEN EVALUACIÓN. La bancada chavista en el Parlamento venezolano pidió a la justicia evaluar la salud mental de la fiscala general, Luisa Ortega, alegando que está fuera de sus cabales y debe ser destituida, en medio de un abierto enfrentamiento con el Gobierno.

“Pido conformar una junta médica, que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se evidencia que esta señora no está en sus cabales”, dijo ayer a periodistas el legislador Pedro Carreño, tras presentar la solicitud.

Carreño señaló que espera que un equipo de peritos y sicólogos determine la “insania mental” de Ortega –confesa chavista– y si es así “su separación del cargo”.

Pero un proceso de ese tipo para funcionarios no está previsto en la ley venezolana y en todo caso el Parlamento –de amplia mayoría opositora– es el único órgano facultado para destituir a la fiscala, explicó a la AFP la ex magistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol.

Funcionarios del Gobierno la han tildado de “traidora” e “indigna”.