CARACAS - VENEZUELA
La fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró ayer que miembros de su familia han sido amenazados y perseguidos, luego de que se distanciara del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que responsabilizó al Ejecutivo de lo pueda sucederles.
“Quisiera hacer responsables a las autoridades del Estado, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas”, dijo Ortega en la Unión Radio. La funcionaria explicó que sus familiares recibieron amenazas a través de llamadas telefónicas, fueron acosados y perseguidos. “Los persiguen, patrullas que parecen ser del Sebin (servicio de inteligencia). Les mandan mensajes directamente del Sebin; el Sebin depende del Ejecutivo”, señaló. Ortega aclaró que ella no fue amenazada, pero algunos voceros del gobierno dijeron en televisión que debería ir presa.
pide impugnación. La fiscala general Ortega impugnó ayer el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país. “Hoy fui nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a objeto de impugnar la designación de los magistrados, por cuya falta de idoneidad y parcialidad la corte se encarga de acelerar la crisis”, declaró Ortega, en entrevista transmitida en la emisora privada Unión Radio. “En vista de la gravedad de lo que está ocurriendo en el TSJ presenté esta demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes”, reseñó la funcionaria.
rechazan recurso. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó ayer un recurso presentado por la fiscal general, Luisa Ortega, contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, informó el órgano estatal. “Por inepta acumulación de pretensiones, Sala Electoral del TSJ declara inadmisible el recurso”, anunció la corte en su cuenta de Twitter, sobre la acción legal que presentó Ortega el jueves por considerar que la Constituyente menoscaba los derechos humanos y la democracia. La Sala Electoral justificó esa decisión “por acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del poder público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas”, según el fallo.
La Sala Electoral también declaró “inoficioso el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar” que bloquearía el proceso de Constituyente, al haber sido declarado inadmisible el recurso.