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Mundo
martes 6 de septiembre de 2016, 09:22

La fiscal general de Argentina pide anular los aumentos de las tarifas de la luz

La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, emitió hoy un dictamen en el que se posiciona a favor de anular las subidas en las tarifas de la luz ordenadas por el Gobierno, informaron fuentes judiciales.

EFE

En una evaluación no vinculante remitida a la Corte Suprema, Gils Carbó consideró que, de acuerdo a su interpretación de la ley, corresponde confirmar un fallo cautelar de la Justicia federal de la ciudad bonaerense de La Plata en el que se declaraba la nulidad de los aumentos determinados en febrero pasado por el Ejecutivo para el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.

Al igual que ya ocurrió con las subidas del gas, la procuradora General entiende "que la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores", según informó el Ministerio Público Fiscal argentino en un comunicado difundido en su página web.

En su informe, la procuradora se hace eco de que los afectados que habían llevado las subidas ante la Justicia denunciaron incrementos de entre el 500 y el 700 % para los hogares grandes y que los industriales y comerciales afrontaron subidas de entre el 600 y el 750 %.

"A los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores", expone la fiscal general.

Por ello, Gils Carbó coincide con la sentencia emitida en La Plata al entender que "se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública".

"En materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (...) Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión", prosigue la procuradora, citando una reciente sentencia de la Corte Suprema que anuló las subidas en los precios del gas.

En ese sentido, considera que la audiencia pública es uno de los mecanismos establecidos con el fin de "proteger los intereses económicos" de usuarios y consumidores.

"No puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales", concluye.

El aumento en las tarifas de la luz se produjo debido a la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de eliminar los subsidios estatales a las facturas, que beneficiaban especialmente a los clientes de las eléctricas Edenor y Edesur, distribuidoras en la capital argentina y su cinturón metropolitano, la zona más poblada del país.

A los aumentos en la luz se sumaron después fuertes incrementos en otros servicios, como el gas, el agua y el transporte público.

La decisión final sobre la validez de las tarifas de luz está ahora en manos de la Corte Suprema, máximo tribunal del país que en agosto pasado, en una situación similar, dictó a favor de suspender los aumentos del gas.

Aunque no es vinculante, la consulta a la fiscal general de la nación es un paso obligatorio antes del fallo de la Corte.