Los anticipos de fondos a rendir costaron a la Essap G. 15.961.916.213 en el 2015, de acuerdo con una planilla oficial. Este es un factor clave porque los denunciantes aseguraron en varias ocasiones que gerentes y administrativos afines a Ludovico Sarubbi, titular de la Essap, recibían los anticipos y no se observan obras en la entidad, mejoras, ni compra de equipos. De hecho, la Auditoría General del Poder Ejecutivo actualmente está llevando adelante un control sobre este hecho.
rechazo. La Auditoría Interna no hizo lugar al pedido de los administradores. Explicó que establecer un mecanismo o procedimiento, con el objeto de adecuar excepcionalmente anticipos de fondos a funcionarios designados, para casos urgentes e impostergables, constituía aplicar un paralelismo a la Ley 2051/03, lo cual es igual a su violación, en consecuencia es recomendable abstenerse de su implementación, ya que podría resultar en derivaciones investigativas de otros órganos del Estado. Por ende, sugirió, en caso de que sean casos emergentes, que Essap se adecue a las excepciones que la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas” fija (vía de la excepción).
Por otro lado, la Auditoría encontró que la empresa MGOS no se encuentra registrada en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE) y, además, la SET constató que su comprobante no era válido. Tampoco se encontró el domicilio del comercio. Esta empresa facturó a Essap G. 225 millones meses atrás y su propietario, Édgar González Martínez, no figura como contribuyente de la Municipalidad de Lambaré, según el reporte.
Además, una firma llamada Ayrflow está siendo investigada por haber facturado sistemáticamente a la Essap y su propietario, Florencio Miguel Ángel Rivas Santacruz, es primo hermano de Fernando Jhoni Báez Santacruz, gerente financiero de la aguatera.
rodarán cabezas. Sarubbi aseguró estar contento con las investigaciones porque de esa forma se encontrarán malos manejos en la institución. Pide que la Contraloría también tome cartas en el asunto y aseguró que, antes de que él llegue a la empresa pública, no se permitía el ingreso de los órganos de control para auditar las cuentas. Ratificó que, de determinarse que los gerentes son los responsables de las irregularidades, va a ser el primero en “cortar las cabezas”.
