Los organismos responsables de controlar los gastos públicos, combatir la corrupción e impulsar la transparencia de la gestión pública deben hacerse cargo de este problema ejerciendo el rol que les corresponde.
Una declaración de emergencia en un año electoral despierta sospechas, más aún considerando que las fundamentaciones esgrimidas en la normativa no estaban debidamente justificadas.
De todos modos, aunque existiera la emergencia, la debilidad de las instituciones públicas, especialmente de los gobiernos locales y departamentales para gastar con eficiencia y eficacia y en el marco de la legalidad, debe ser un fuerte argumento para impedir este tipo de medidas.
Si en condiciones normales, con una serie de procedimientos normados y estandarizados, estos gobiernos permanentemente están siendo objeto de críticas debido al mal uso de los recursos públicos, es de prever una peor ejecución si los gastos se realizan al margen de estos procedimientos.
Solo es necesario recordar las recientes irregularidades detectadas en el proceso de compras públicas en dos departamentos, en el marco de las facilidades creadas por decreto para que fincas de la agricultura familiar se conviertan en proveedoras directas del Estado. Estas irregularidades obligaron al Poder Ejecutivo a cambiar la normativa.
La presión de los gobernadores por contar con más recursos en el año electoral ya se empezó a ver el año pasado durante el proceso presupuestario cuando, desde el Congreso, varios parlamentarios intentaron aumentar recursos a las gobernaciones. Esta fue una clara muestra de una práctica más que conocida en el país, la de usar fondos estatales para el beneficio de un determinado partido político.
La declaración de emergencia, además de posibilitar la ejecución por fuera del sistema nacional de contrataciones, agrega un mayor grado de discrecionalidad de la autoridad de turno. Por lo tanto, no deberían llamar la atención estos resultados.
Eran de esperarse y de hecho, tanto la prensa como referentes de la sociedad alertaron sobre los peligros que conllevaría. La cuestión ahora es que no quede impune y que este Gobierno y los próximos aprendan de la experiencia.
La Contraloría General de la República debe realizar una amplia auditoría y, si corresponde, solicitar la intervención del sistema judicial de manera que los responsables sean castigados, no solamente los directamente involucrados como los gobernadores, sino también quienes impulsaron la medida desde el Poder Ejecutivo, aunque en este último caso corresponda por lo menos una sanción moral para quienes abrieron la puerta de entrada a posibles actos de corrupción.
