Para el presidente Cartes, el terreno de Marina Cué no es del Estado paraguayo porque la empresa Campos Morombí lo adquirió por usucapión (ABC, 27/11/2015). La usucapión, la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, no corre en contra del Estado (artículo 1993 del Código Civil). Por eso Marina Cué era y sigue siendo del Estado.
Que me muestren el título de propiedad a favor del Estado, dijo nuestro presidente (ABC, 27/11/2015). ¿Ha visto el título de propiedad a favor de Campos Morombí? No, porque no existe. ¿Vio el título de propiedad del Palacio de Gobierno al ocuparlo? No, porque no existía: solo el año pasado se regularizó su situación, junto con la del Panteón de los Héroes y la del Cabildo de Asunción. Todavía deben regularizarse los títulos del Archivo Nacional, el Ferrocarril, el Callejón Histórico, la Catedral de Asunción y otros monumentos históricos. El problema no es la propiedad, sino el desorden administrativo.
Cuando faltan títulos, Cartes tiene un doble criterio: tratándose de inmuebles públicos urbanos y demasiado conocidos, él ordena inscribirlos en Registros Públicos; tratándose de inmuebles públicos rurales, cuya identificación resulta difícil, él favorece a los terratenientes. Este es el caso de Marina Cué, Chino Cué, Barbero Cué, etc. Es la doctrina Cartes.
Marina Cué pertenecía a La Industrial Paraguaya SA, que lo donó al Estado paraguayo el 5 de agosto de 1967; eran 2.821 hectáreas. Alfredo Stroessner aceptó la donación con su decreto 29366 del 6 de setiembre de 1967, y lo entregó a la Marina, que lo ocupó.
En 2004, Nicanor Duarte Frutos entregó el terreno al Indert, para la reforma agraria (decreto 3552 del 4/10/04). El Indert inició los procedimientos de mensura, pero Campos Morombí logró impedir la mensura, y así comenzó un juicio que, hasta hoy, no se ha definido en los tribunales.
Campos Morombí decía que el terreno le pertenecía por usucapión, por haberlo ocupado desde 1970. Era falso porque, en 1982, la empresa pidió por escrito a la Marina el permiso para pasar por ahí; entonces no se invadían tierras del Ejército.
La democracia tuvo sus problemas: en 2004, el comandante de la región informó que los vecinos se habían apropiado de más de mil hectáreas del terreno público. (Véase Codehupy, Informe de Derechos Humanos sobre Marina Cué, publicado en Asunción en 2012). En cifras gruesas, 2.800 menos mil y tantas son unas 1.700 hectáreas; lo que queda de Marina Cué, y que Cartes considera propiedad de Campos Morombí.
Resulta inadmisible que un funcionario del Estado actúe en contra del Estado, y no hablemos ya de la matanza de Marina Cué (2012), un argumento mayor contra el blanqueo de la usurpación de bienes públicos.
