No hay mejor momento para conocer el verdadero rostro de los tres poderes del Estado que cuando se analiza el Presupuesto General de la Nación. Todos los discursos chocan con la realidad de los números que revelan las insaciables e ilimitadas formas de desangrar las arcas públicas para sus beneficios personales, sus privilegios y sus negocios.
Es vampirismo político puro, que chupa la sangre de los contribuyentes en plena luz del día.
En esta carrera sin escrúpulos están también los sindicatos públicos que a fuerza de extorsión, muchas veces con la bendición de sus propios jefes, logran aumentos salariales sin justificación alguna, con inmoralidades como bonificaciones absurdas o triples aguinaldos al año.
En estos días, este diario mostró la gula del Estado con un rubro casi irrelevante como los bocaditos. Las cifras astronómicas muestran tragadas propias de las fiestas romanas.
Los contribuyentes, con la carga cada vez más pesada, pagan el costoso cátering de los organismos del Estado. Ni siquiera se plantea la eliminación de los rubros, sino la racionalidad en los gastos, que en muchos casos raya lo absurdo. Algunos ejemplos son suficientes para pintar cómo despilfarran el dinero público, como los funcionarios del MIC que comen diariamente en un costoso local de fiestas, porque según el ministro Gustavo Leite hay que mimarlos para que no vayan a otra. O pagar el almuerzo de esposo de la senadora liberal/cartista Blanca Fonseca, un joven constructor que entró a Yacyretá sin concurso y con salario de G. 16 millones.
O el pago de los seguros médicos privados con cifras millonarias e irritantes. Un funcionario del BCP goza de un plan ultravip de G . 2.367.350 al mes, por cada empleado. En este ránking privilegiado le sigue el BNF, cuyo plan es de G. 2.026.500, también pagado completamente por el Estado. El seguro médico de un funcionario de estos bancos supera ampliamente el corroído salario mínimo de un trabajador privado, que días pasados alcanzó la cifra de G. 2.000.000. El sueldo de un privado ni siquiera alcanza para pagar el seguro médico de un funcionario público cuyo salario es altamente superior.
Y así hay miles de ejemplos en el debate presupuestario, donde el Ejecutivo, la Justicia y el Congreso se unen para desangrar a esa minoría que paga sus impuestos, porque no se animan a ponerle el cascabel al gato del sector más rico para contribuir un poco más. Claro, son los que pagan las campañas políticas para mantener el statu quo y con ello sus privilegios. Así, los políticos tienen fondos para comprar los votos de los ciudadanos que cada quinquenio vuelven a votar por sus verdugos, como un inevitable destino trágico.
EL NEGOCIO DEL ESTADO. Además del negocio del presupuesto, está el gran negocio del Estado, y aquí las cifras son multimillonarias. Este diario viene publicando el caso de tres hombres claves del presidente Horacio Cartes, cuyas empresas facturan para el Estado. Empezó con el escandaloso cambio de una ley de concesiones para beneficiar a una empresa del padre del ministro de Obras. Luego aparece Juan Carlos López Moreira, el hombre más poderoso del gabinete, con acciones en una petrolera y una compañía de seguros, con notable crecimiento en la era Cartes. Ahora el asesor económico, Francisco Barriocanal, aparece como accionista de una empresa proveedora de agua para el Estado, también con sugestivo crecimiento.
Si bien es cierto que los tres ya tenían sus empresas antes incluso que Cartes pensara ser presidente, es innegable la existencia del conflicto de interés y la posición privilegiada para obtener información. No pueden negociar con el Estado. Es así de simple.
REPÚBLICA EN AGONÍA. La ley ha dejado de ser el gran árbitro para la convivencia ciudadana, el límite para evitar los abusos y el castigo a los delincuentes.
Hoy los administradores del Estado, los detentadores del poder buscan los atajos de la ley, las interpretaciones absurdas, las dudas semánticas para imponer sus planes. Así, Contrataciones Públicas dice que los ministros y asesores pueden vender al Estado “porque no hay impedimento legal porque no son funcionarios públicos”. Con ese criterio, el presidente de la República puede hacer negocios con el Estado sin problemas, porque los ministros tienen sus mismas inhabilidades. Con esta posición, vació totalmente de contenido ético las acciones en el Estado. O sea, no hay que ser y menos aún parecer.
Y así se replica esta actitud en todos los ámbitos. No importa lo que dice la ley, sino la interpretación que le da cada uno según su conveniencia. Así seguimos hablando si la reelección es vía enmienda o reforma. O cuando la Constitución dice “no podrán ser reelectos en ningún caso”, pero Fernando Lugo dice que la frase está en presente y que no le afecta a él. Mientras la clase política vive en su burbuja buscando interpretaciones extravagantes al solo efecto de seguir prendido al poder para beneficio propio, el ciudadano está cada vez más huérfano y hastiado.
La pregunta es si la sociedad seguirá manteniendo esta relación sadomasoquista con sus dirigentes o será arquitecto de su destino con una corriente nueva que rescate lo mejor de cada grupo para empezar con paciencia de artesano a reconstruir la República.
